Históricamente, la Argentina fue un país de tránsito de drogas ilegales hacia mercados de consumo, sobre todo Europa y los Estados Unidos. La propia dinámica del negocio, el pago en droga, la liberalización del mercado sin políticas integrales sobre el tema y, por supuesto, la venalidad de algunos funcionarios, jueces, policías y comunicadores han hecho que la Argentina se transforme en un importante mercado de consumo y producción, con una injerencia regional del negocio ilegal muy significativa.
Se ha desarrollado, simultáneamente, un creciente mercado de consumo. Según las Naciones Unidas, en la última década se duplicó el consumo de marihuana y cocaína, con niveles de prevalencia muy similares a los mercados maduros de América del Norte y Europa.
Más grave aún es que la Argentina se ha vuelto un país que produce la última etapa de elaboración de la cocaína. La Argentina exportaba precursores químicos para producir las drogas hasta su etapa final en los países de origen. Hace más de una década, la droga entra como pasta base al país y aquí se elabora la última etapa en laboratorios locales. Somos el país donde se decomisan más laboratorios o cocinas fuera de los tres grandes productores de coca, inclusive por arriba de Venezuela, según la Undoc (siglas en inglés de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito).
La presencia fuerte y destructiva del paco, que es un derivado de la pasta base mezclado con cualquier porquería, es ofrecida a jóvenes para reclutarlos como esclavos al servicio de los narcos, matar a la competencia, distribuir la droga, prostituirse o defender a los jefes. La altísima dependencia y necesidad de consumo transforma a los «soldaditos» en el último eslabón de la cadena narco, el más débil y dispensable.
La presencia de líderes de carteles regionales que viven y operan en Puerto Madero o en importantes countries del Gran Buenos Aires es cada vez más notoria. Desde el ingreso de la mujer e hijo de Pablo Escobar, hace quince años, hasta la presencia cada vez más activa de nuevos líderes y segundas líneas de carteles mexicanos y colombianos. Todavía se recuerda el caso de Unicenter, seguido de otros tres asesinatos más de narcos colombianos en los años siguientes. Héctor Duque Ceballos, «Monoteto», era el segundo líder del cartel de la Cordillera y vivía en el barrio Ayres del Pilar, aun cuando tenía pedido de captura internacional de Colombia y de los Estados Unidos.
Tenía registradas varias entradas y salidas del país. Lo mismo la intervención del cartel de Juárez y de Sinaloa en el caso de la efedrina, necesaria para la producción de metanfetaminas y otras drogas sintéticas, que terminó con el triple asesinato de General Rodríguez.
Pasamos de importar menos de una tonelada anual de efedrina para la producción de descongestivos en 2004 a más de 20 en 2007 (según Undoc, cinco veces la cantidad utilizada por toda la industria farmacéutica en los Estados Unidos, 30 veces más que Italia y 80 veces más que Chile). Nada de esto sería posible sin connivencia política y autoridades que miran para otro lado. La reciente detención en Pilar del colombiano Henry de Jesús López Londoño, «Mi Sangre», con familiares y cómplices viviendo varios meses en el país, pone de manifiesto la impunidad con la que se mueven los narcos. Los líderes de carteles internacionales operan y manejan sus negocios locales e internacionales desde la Argentina por la debilidad intrínseca del Estado, que les ha ido permitiendo instalarse. (La Nación)
