El hecho por el cual Cristian Sebastián Rojas fue condenado, se remonta al 2 de septiembre del corriente año, cuando este sujeto se dirigió a la vivienda de su ex pareja, ubicada en el barrio Provincias Unidas de la ciudad de Tolhuin, y allí, tras varios golpes y patadas a la puerta de acceso, logró ingresar exigiendo la devolución de algunos elementos que Rojas, argumentó eran de su propiedad.
Una vez que Rojas estuvo en el interior de la casa, tomó del cuello a la mujer, mientras ésta intentó zafarse, aunque fue de manera infructuosa. Posteriormente, este sujeto, en medio de gritos e insultos degradantes hacia la mujer, tomó un cuchillo tipo táctico de combate y se lo apoyó en el cuello a su expareja, a la vez que la amenazaba de muerte.
Tras los gritos, tanto de la víctima de este hecho, como de los seis hijos menores -de 12, 10, 8, 7, 5 y un año-, vecinos del lugar llamaron a la comisaría de la localidad, y se hicieron presentes en cuestión de minutos, efectivos policiales que lograron aprehender a Rojas, cuando este aún caminaba con el cuchillo en la mano.
De esta manera, este sujeto quedó detenido de acuerdo a la Ley Nº 792, de Flagrancia, imputándose los delitos de “violación de domicilio, amenazas con arma y daños.
Si bien a los dos días, este hombre fue excarcelado, la causa siguió su curso natural y fue así, que en los últimos días, tuvo una resolución durante una omisión de debate.
Más allá de los delitos comunes
Este caso podría ser similar a cualquier otro en el cual al imputado se le achaque una violación de domicilio y daños, sin embargo, el juez Martín Bramatti, para llegar a una resolución, tuvo en cuenta el contexto en que ocurrieron los hechos, es decir, violencia doméstica y de género, por lo cual, amparándose en leyes nacionales y tratados internacionales que amparan a las mujeres, adolescentes, niñas y niños, dictó el fallo en cuestión.
De este modo, se aplicó la pena de un año de prisión en suspenso, pero además, Cristian Rojas deberá someterse al Patronato de Liberados, comunicar cambios de residencia, abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas y/o estupefacientes, a la vez que se le ordenó iniciar inmediatamente un tratamiento psicológico o psiquiátrico dependiendo de la necesidad, del que deberá dar cuenta cada 6 meses; abstenerse de tomar contacto con la víctima, como así también de concurrir a su domicilio o lugar de trabajo, todo ello, bajo apercibimiento de revocar la prisión en suspenso, y convertirla en cumplimiento efectivo.
Derechos Humanos deberá tomar cartas en el asunto
El dictamen también contempla que se ponga en conocimiento a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, de manera inmediata, del contenido de la resolución a efectos de que se lleve a cabo un relevamiento de la situación actual de la víctima y de sus hijos, como así también se implemente un dispositivo de orientación y contención para dicho entorno familiar y su problemática puntual e integral.
Fuente:provincia 23
