El Gobierno nacional parece actuar sin límites ni respeto a ley alguna que suponga ordenar el comportamiento de la sociedad, consagrando derechos y obligaciones del Estado y los ciudadanos. Esa peligrosa actitud que asumió la conducción de Cristina Fernández quedó de manifiesto cuando desoyó reponer en sus funciones al ex procurador General de Santa Cruz, pese a los fallos y las advertencias formulados por la Corte Suprema de Justicia de la nación.
Tampoco el Poder Ejecutivo respondió a las numerosas sentencias del máximo tribunal para atender la situación de miles de jubilados y pensionados que se ven obligados a una penosa tortura, como es litigar en los años finales de su existencia para obtener una remuneración justa a sus necesidades. Esas sentencias han sido desoídas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), pese a que su titular, Diego Bossio, presume de los recursos acumulados en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
Más cerca en el tiempo, la Presidenta no respetó la ley que establece que 15 días antes de los comicios las autoridades no podrán efectuar inauguraciones ni anuncios de emprendimientos oficiales. Durante los años en que se desempeñó como diputada y senadora nacional, Cristina Fernández había alentado esa norma para enfrentar los abusos que cometía el menemismo. Ahora es ella la que incumple esa ley, con lo cual da un pésimo ejemplo.
El rosario de transgresiones acaba de sumar una nueva cuenta al conocerse que por instrucción presidencial se constituyó un equipo especial, dentro de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), que –a través de un jerárquico que responde en forma directa a la jefa del Estado– realiza acciones intimidatorias hacia funcionarios oficiales, dirigentes opositores, empresarios y periodistas que sólo cumplen con su deber de señalar los errores del relato oficial.
Esa arma –el uso del secreto fiscal y bancario– ya fue utilizada contra varios dirigentes partidarios, hombres de negocios y miembros de los medios de comunicación para acallar sus posiciones, que van en la dirección de reclamar las correcciones imprescindibles que afectan a la producción y, por ende, al empleo en el país.
Estamos frente a un Gobierno acostumbrado a transgredir y a no respetar las leyes vigentes. El kirchnerismo lleva al límite su falta de respeto a un orden social cuando, en otros temas, exige un respeto irrestricto y sin discusión de determinadas leyes, aun cuando esas normas sean violatorias de la Constitución Nacional, según el dictamen final de la Justicia.
El inicio de una etapa de más calidad institucional, como se prometió en 2007 y se reiteró en 2011, ha quedado rápidamente en el olvido por parte del Poder Ejecutivo, que ha provocado así el mayor daño que se puede hacer al orden jurídico de un país.
Fuente:lavoz.com.ar
