En cada una de esas advertencias señalamos con mucha claridad que, de no hacerlo, el Estado bonaerense se convertirá irremediablemente en una estructura burocrática que solamente puede pagar salarios, pero que estará incapacitada para prestar servicios dentro de los mínimos estandares aceptables. Es decir, una provincia inviable.
Y ya lo estamos viendo con mucha crudeza: ausencia casi total de obras de infraestructura, muchas de las cuales, de haberse hecho en tiempo y forma, hubieran atenuado catástrofes como las inundaciones de La Plata; rutas destruidas y virtualmente intransitables; el sistema de salud pública colapsado, con hospitales sin insumos ni dotaciones de personal adecuadas y con la obra social IOMA desfinanciada y cada día con menores prestaciones, y –además– con un gravísimo problema de inseguridad ciudadana creciente, por citar solamente las principales cuestiones que devienen de la ya estructural falta de recursos para atender las necesidades de un territorio que –viene bien recordarlo– concentra el 40% de la población total del país.
Hay otros asuntos que se están resintiendo gravemente, como la educación pública, la administración de justicia o la asistencia social básica, pero los temas apuntados precedentemente, como todos sabemos, significan pérdida de gran cantidad de vidas humanas en forma directa. Más de cien bonaerenses murieron trágicamente en La Plata por las inundaciones, miles pierden la vida en accidentes de tránsito por el desastroso estado de las rutas, y tenemos derecho a suponer que una cantidad imprecisa fallece por el lamentable estado del sistema de salud pública provincial, sin profesionales médicos suficientes, con escasez de medicamentos y carencias edilicias alarmantes.
El gobierno de Daniel Scioli se ha limitado a reconocer públicamente el problema que origina el déficit estructural de recursos por la distorsión en el actual esquema de coparticipación federal. Pero jamás salió del terreno de las palabras y optó por endeudarse y por elevar a niveles insoportables y asfixiantes la presión impositiva sobre la sociedad bonaerense. Un camino muy peligroso que desalienta la producción, la inversión y la generación de empleo en el primer estado argentino. Y eligió esa vía solamente por su total sometimiento y obediencia al gobierno nacional, pareciéndose más a un delegado presidencial que a un gobernador que hace lo que tiene que hacer para defender los intereses de una provincia cuya autonomía consagra la Constitución Nacional.
Para graficar la dimensión de esta inequidad, digamos que un habitante de Tierra del Fuego recibe 7 veces más recursos coparticipables que uno de la provincia de Buenos Aires. Y digamos también que la insaciable voracidad fiscal del gobierno nacional redujo a los peores niveles de la historia la masa que reparte entre las provincias, que hoy se ubica en un 25% del total de los fondos coparticipables. En la década del 90, ese porcentaje era del 35% y durante los primeros gobiernos de Juan Domingo Perón se ubicó por encima del 50%.
Los diputados y senadores de la oposición parlamentaria provincial nos presentamos el año pasado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa iniciada por la provincia de Santa Fe, denunciando la prórroga del Pacto Fiscal y reclamando la restitución del 15% de los fondos que las provincias cedieron en 1992 para la creación de las AFJP. La reestatización del sistema provisional argentino hizo desaparecer las razones para que la Nación continúe percibiendo esos fondos, que hoy bien pueden considerarse como una apropiación ilegítima por parte del gobierno central.
También presentamos un proyecto de ley en el mismo sentido en la Legislatura provincial que no prosperó por la férrea y cerrada actitud del Frente para la Victoria, que impidió su votación.
En la última semana, el intendente de Almirante Brown y precandidato a diputado nacional por el Frente Renovador, Darío Giustozzi, presentó públicamente un proyecto que tiende a reforzar las finanzas bonaerenses recuperando el valor histórico del denominado Fondo del Conurbano, que se encuentra congelado desde 1996 en la suma de 650 millones de pesos.
Si se elimina ese tope y el fondo volviera a representar el 10% de la recaudación del impuesto a las ganancias, la provincia estaría recibiendo alrededor de 14 mil millones de pesos anuales, con lo que se empezaría a dar solución a este grave problema que afecta directamente la vida de todos los bonaerenses.
Lamentablemente, la miopía política de quienes detentan actualmente el poder nacional y provincial nos obliga a esperar el recambio legislativo posterior a las elecciones de este año para poder convertir en realidad estas acciones, que sólo buscan devolver la dignidad arrebatada a la provincia de Buenos Aires.
Marcelo Di Pascuale es presidente del bloque de diputados Pro-Peronismo
