El extenso mensaje de la presidenta Cristina Fernández en el Congreso, el más largo desde el retorno de la democracia hace casi 30 años, eludió temas fundamentales sobre el real estado de la Nación y adelantó varios proyectos para la reforma de la Justicia.
La primera parte constituyó un repaso de la gestión kirchnerista, que cumplirá una década el próximo 25 de mayo, y no dijo nada sobre los problemas concretos que enfrenta hoy la Argentina en materia económica, como la inflación, la aparición del desempleo en cuentagotas y la pérdida de competitividad. Las comparaciones de los datos actuales con los que mostraba el país tras la crisis 2001-2002 son tendenciosas, además de estar amparadas por las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que no resultan creíbles para nadie.
El mensaje abordó como cuestión central lo que denominó como “la democratización de la Justicia”. Es imposible estar en desacuerdo con el objetivo de facilitar el acceso a la Justicia y de transparentar sus decisiones, aunque la meta final parece ser el control de uno de los poderes independientes de la República.
Detrás de eslóganes y declamaciones, anida la intención del oficialismo de domesticar a jueces y funcionarios que han osado indagar en presuntos actos de corrupción por parte de encumbrados hombres públicos, muchos de los cuales no pueden justificar acabadamente la riqueza que acumularon durante la última década. El caso más notorio es el del vicepresidente Amado Boudou, quien ya logró que varios jueces y fiscales se aparten de las investigaciones.
Merecen el aplauso iniciativas como la que establecería la transparencia de la marcha de los expedientes y de las resoluciones, además de la insistencia para que sea la propia Corte Suprema de Justicia la que derogue una acordada de 2000 –firmada por los entonces miembros del máximo tribunal– que excluyó a los jueces del pago del Impuesto a las Ganancias. En cuanto a la necesidad de hacer públicas las declaraciones juradas de bienes y patrimonios, tanto el Consejo de la Magistratura como la Corte Suprema dan a conocer la de sus miembros si se fundamenta debidamente el pedido.
El proyecto más peligroso es el que propone que los miembros del Consejo de la Magistratura –el cuerpo encargado de los concursos y de velar por la conducta de jueces y funcionarios– sean elegidos por el voto popular. Esto desataría una carrera electoral, en la que el partido triunfante en las urnas podría quedarse con el control de los tres poderes del Estado, algo ajeno al espíritu de la Constitución argentina.
Tal iniciativa merece un análisis sereno, que vaya más allá del fervor de las barras presentes y del interés de los aplaudidores profesionales, todo lo cual desmerece el sentido del mensaje acerca del real estado de la Nación.
Fuente:lavoz.com
