El proyecto del oficialismo para dar rango parlamentario al acuerdo cerrado con Irán por la investigación del atentado a la Amia sumó nuevas polémicas y desprolijidades que van más allá del núcleo del tema en cuestión.
Frente a la posibilidad de que no le alcanzara el número de legisladores propios para dar cuórum en la Cámara de Diputados, el kirchnerismo recurrió a un artilugio que vuelve a poner en el centro del debate una práctica reñida con las reglas de la democracia: las candidaturas testimoniales.
Esta maniobra de dudosa transparencia involucra a dirigentes que, una vez elegidos para ocupar una banca nacional o provincial, asumen otra función pública que nada tiene que ver con lo que decidió el ciudadano que los votó.
No sólo se trata de un manoseo a la voluntad popular, sino que, en nombre de discutidas lealtades y acomodamientos personales, estos candidatos testimoniales asumen funciones ejecutivas, pero no siempre resignan la banca.
De esa forma, preservan el cargo electivo y sirven de comodín para una convocatoria de emergencia, como la que involucra por estas horas a dos ministros devenidos en “funcionarios testimoniales” a favor de las necesidades del oficialismo, por el controvertido acuerdo con el régimen de Irán.
A pocas semanas de haber jurado como ministra de Desarrollo Social en la provincia de Tucumán, Beatriz Mirkin dimitió del cargo y se puso a “disposición” del bloque del Frente para la Victoria ante el riesgo de no alcanzar cuórum en la sesión de ayer. Lo mismo hizo el jefe de Gabinete de Chubut, Carlos Eliceche, quien dejó el puesto para ocupar su banca en el Congreso.
Las candidaturas testimoniales tuvieron su debut de la mano del kirchnerismo en las elecciones de medio término de 2009 y amenazan con recrearse en las urnas legislativas de octubre de este año.
Aunque se discute su legalidad, no hay reglas que restrinjan esta especie de estafa al electorado. Funcionarios o gobernantes con buena imagen pública se ponen a la cabeza de una boleta sabiendo de antemano que no asumirán la banca en caso de resultar elegidos.
Incluso, hay antecedentes en la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando en un fallo de 2009 resolvió no impugnar las candidaturas testimoniales que se ventilaban en la provincia de Buenos Aires.
La mayoría de las provincias, incluida Córdoba, incurrieron alguna vez en esta modalidad tramposa que persigue fines de conveniencia política y de poder, a costa de desconocer la decisión inquebrantable del electorado.
Lo sucedido en el Congreso por el caso Amia es sólo un botón de muestra de un vicio que debe ser corregido por la dirigencia y castigado en las urnas por la ciudadanía.
Fuente:lavoz.com
