El tercer trimestre de 2025 dejó un dato que merece análisis antes que titulares triunfalistas: el trabajo independiente alcanzó el 24,5% del empleo total en los 32 aglomerados urbanos relevados por la EPH-INDEC.
Apenas medio punto por debajo del récord pandémico de 2020. En términos absolutos, 3,3 millones de cuentapropistas, un salto del 42,2% respecto a 2016.
Simultáneamente, el empleo asalariado retrocedió al 71,9%, su segundo valor más bajo en una década, y quedó 2,5% por debajo de su propio pico de 2023.
¿Está Argentina presenciando una revolución del trabajo independiente o simplemente observando cómo el mercado laboral formal se erosiona bajo sus pies?
La pregunta no es retórica: tiene consecuencias directas sobre la efectividad real de la reforma laboral que el Gobierno impulsa actualmente en el Congreso.
Tabla 1 — Evolución del cuentapropismo y empleo asalariado (2016-2025)
Cuando el récord no es sinónimo de éxito
Hay una trampa analítica peligrosa que consiste en confundir indicadores de volumen con indicadores de calidad. Que más personas trabajen por cuenta propia no dice nada, por sí mismo, sobre si esas personas eligieron esa modalidad o simplemente no encontraron alternativa. Es como celebrar que aumentó la venta de paraguas sin preguntar si llovió más.
La evidencia macroeconómica del período en cuestión sugiere que no estamos ante una revolución emprendedora espontánea. Entre 2021 y 2023, cuando la economía formal mostró cierta recuperación post-pandemia, el cuentapropismo retrocedió cuatro puntos porcentuales. Los asalariados recuperaron terreno hasta el 74,8%. El patrón es claro: cuando el empleo formal se expande, el trabajo independiente cede. Cuando el formal se contrae, el independiente avanza.
Esta correlación inversa tiene un nombre en economía laboral: empleo de refugio. El trabajo por cuenta propia funciona, en gran medida, como el amortiguador que absorbe a quienes el mercado formal expulsa o no logra incorporar. No es una elección; es una necesidad disfrazada de libertad.
El circuito oculto: cierre de empresas y expulsión al cuentapropismo
Hay una variable que los promedios estadísticos suavizan con particular eficacia: el flujo de trabajadores que pasan al cuentapropismo no porque hayan descubierto las bondades del emprendimiento, sino porque su empleador cerró.
Argentina atravesó entre 2023 y 2025 un ciclo de contracción empresarial severo: la combinación de caída del consumo interno, ajuste crediticio y costos operativos elevados empujó a miles de PyMEs al cierre o a la reducción drástica de planteles.
Esos 200.000 trabajadores que salieron del empleo asalariado formal entre 2023 y 2025 no se volatilizaron. Muchos migraron hacia el mercado informal o al cuentapropismo de subsistencia: el remisero que antes era empleado de una empresa de logística, el carpintero que trabajaba en una fábrica de muebles cerrada, el vendedor de una cadena retail que quebró. La estadística los registra como «cuentapropistas».
La realidad los encuentra trabajando más horas por menos ingresos y sin cobertura social.
Datos de la Unión Industrial Argentina revelan niveles récord de empresas que implementaron suspensiones o reducciones horarias durante 2025. El fenómeno no es marginal: es sistémico, y alimenta directamente el contador de cuentapropistas que el Indec registra como indicador de «dinamismo del mercado laboral».
Tabla 2 — Ranking regional de cuentapropismo (Q3 2025) y variación desde 2016
Fuente: EPH-INDEC / Elaboración: Netia Group SAS
La geografía del problema revela su naturaleza estructural
Los datos regionales son particularmente iluminadores. Mar del Plata lidera el ranking con 32,5% de cuentapropistas, seguida por Posadas (32%) y Gran Resistencia (30,7%). En el extremo opuesto, Río Gallegos apenas registra 9,2%. La diferencia no es cultural ni temperamental. Es estructural.
Las ciudades con mayor presencia estatal —Río Gallegos, Ushuaia, Gran Catamarca— muestran los índices más bajos de cuentapropismo y los más altos de empleo asalariado formal. Río Gallegos alcanza el 88,3% de asalariados. La paradoja es reveladora: en las economías donde el Estado funciona como empleador de última instancia, la informalidad es menor. En las ciudades donde el sector privado debería liderar la creación de empleo, el mercado laboral está más fragmentado.
Gran Resistencia es el caso más extremo: su cuentapropismo creció 14,3 puntos porcentuales desde 2016. No es un ecosistema de startups florecientes en el Chaco. Es la fotografía de una economía provincial que no generó suficiente empleo formal durante una década.
La reforma laboral y el elefante en el cuarto
Aquí es donde el análisis del cuentapropismo se cruza de manera incómoda con el debate parlamentario en curso. El Gobierno impulsa una reforma laboral que el oficialismo presenta como solución estructural para «modernizar» el mercado de trabajo y reducir la informalidad. Conviene revisar esa promesa con datos en la mano.
El abogado Julián de Diego, integrante de los propios equipos redactores de la reforma, aclaró con una honestidad infrecuente en el debate oficial: «Ninguna normativa genera empleo por sí misma».
Únicamente el crecimiento económico sostenido produce incrementos genuinos en la demanda de trabajadores. Es una afirmación técnicamente impecable que, sin embargo, contradice la narrativa con la que el Gobierno vende la reforma al electorado.
La experiencia internacional no es alentadora. Brasil implementó su reforma laboral en 2017, bajo la presidencia de Michel Temer, con una narrativa similar: flexibilización, reducción de costos laborales, formalización del empleo. Los resultados al primer año fueron, en el mejor de los casos, ambiguos: la tasa de desempleo fluctuó entre 11,6% y 12,6% sin mejora clara, mientras el empleo informal creció. El país no tenía un problema de regulación laboral; tenía un problema de demanda agregada deprimida. La reforma decoró la causa sin tratar la enfermedad.
España, en contraste, implementó en 2022 una reforma laboral con resultados notablemente superiores: la tasa de temporalidad cayó del 26% al 17% en menos de dos años y el empleo indefinido creció con fuerza. La diferencia clave no fue el contenido técnico de la reforma sino el contexto macroeconómico: la economía española crecía, la demanda de trabajo existía. La regulación facilitó la conversión de esa demanda en contratos formales. Sin demanda, no hay reforma que funcione.
El principio que nadie quiere discutir
Hay un principio que conviene recordar: la demanda de trabajo es, en términos técnicos, una demanda derivada. Las empresas no contratan trabajadores como fin en sí mismo; los contratan porque existe demanda por sus productos y servicios. Si esa demanda está debilitada —por caída del poder adquisitivo, recesión, incertidumbre regulatoria— ningún incentivo tributario ni reforma laboral genera empleo asalariado de manera sostenible.
El avance del cuentapropismo en los últimos dos años coincide con un período de fuerte contracción del consumo interno y ajuste fiscal. El empleo asalariado privado no creció porque las condiciones para expandir nóminas no estuvieron presentes. Los trabajadores no desaparecieron; se reconvirtieron, facturan, cobran en negro, trabajan por hora. Siguen ahí, pero en condiciones de mayor precariedad e incertidumbre.
Reducir costos de despido —uno de los ejes de la reforma— puede incentivar a algunas empresas a contratar en contextos de expansión, porque baja la apuesta. Pero en un contexto de demanda deprimida, ese argumento invierte la causalidad: las empresas no dejan de contratar porque despedir sea caro; dejan de contratar porque vender es difícil. Esto no es heterodoxia; es microeconomía estándar de manual.
Lo que los números no cuentan
Detrás del récord histórico de 3,3 millones de cuentapropistas hay una realidad que los promedios suavizan. El trabajo independiente en Argentina coexiste con altas tasas de informalidad, acceso limitado a crédito, ausencia de cobertura ante enfermedad o desempleo, y volatilidad de ingresos incompatible con cualquier planificación de mediano plazo. Un remisero, un plomero y un consultor financiero son todos «cuentapropistas» en las estadísticas, pero sus realidades son radicalmente distintas.
El dato que debería preocupar no es el porcentaje de independientes sino la tendencia del empleo asalariado: 10 millones en 2023, 9,8 millones en 2025. Doscientas mil personas salieron del empleo formal en dos años.
Tabla 3 — Reformas laborales comparadas: Brasil 2017 vs. España 2022 vs. Argentina 2026 (proyectado)
Fuente: IBGE (Brasil), INE (España), EPH-INDEC (Argentina). Elaboración: Netia Group SAS
La pregunta que la política debería responder
¿Está diseñando Argentina las condiciones para que el empleo formal vuelva a crecer? ¿O está administrando elegantemente su deterioro mientras presenta una reforma laboral como respuesta estructural a un problema que tiene causas distintas?
La respuesta importa, porque la diferencia entre un mercado laboral que se moderniza y uno que se precariza no está en los porcentajes de cada categoría. Está en si los trabajadores eligen su modalidad o simplemente no tienen otra opción. Esa distinción no aparece en los cuadros del INDEC. Pero cualquier argentino que trabaja de manera independiente porque «no hay otra» la conoce perfectamente.
Reformar las condiciones de contratación y despido sin reactivar la demanda agregada es como rediseñar las reglas de embarque en un aeropuerto donde los aviones no despegan. La infraestructura puede quedar impecable. Los pasajeros seguirán esperando.
Fuente: El Economista.
