Repudio a la criminalización de la pobreza

La crisis habitacional existente en nuestra provincia, como en el resto del país, es el resultado de la falta de políticas de estado tendientes a garantizar el acceso al suelo urbano de los sectores más populares, orientada a generar suculentos negocios inmobiliarios para los sectores que concentran la riqueza en la provincia y el país; imposibilitando a los sectores asalariados el acceso a una vivienda digna. Un Derecho tan básico como vulnerado que el Estado debe garantizar. Todos tenemos derecho a la ciudad.-
No podemos seguir siendo espectadores de una realidad social que hace que un ser humano quede desprotegido de un techo por la avidez económica y de poder de sectores que tienen el monopolio de los recursos útiles capaz de satisfacer las necesidades habitacionales de los Fueguinos.
Expresamos además nuestra preocupación por el hostigamiento sistemático, expresado por los medios de comunicación, por algunos gobernantes y algunos grupos sociales insensibles hacia nuestras familias de trabajadores incapaces de pagar un alquiler y mucho menos adquirir una porción de tierra o una vivienda, percibiendo salarios indignos, que en los últimos tiempos en este país se ha alimentado lamentablemente de la más descarada violencia y de la más irracional xenofobia.-
El estado es el responsable de ejecutar políticas públicas claras, de utilizar las herramientas a su alcance para favorecer las condiciones dignas de vivienda, alimentación, educación, salud, etc. de todo habitante de esta tierra. No puede ni debe utilizar sus prerrogativas para atentar contra los derechos básicos de los seres humanos.
El Estado tal como lo concebimos debe articular con los sectores sociales la solución de los problemas sociales, si no se transforma en un ente abstracto que se desentiende de las políticas sociales. El Estado debe garantizar los derechos y no cercenarlos. El ejercicio de la violencia, aún cuando se la disfrace de protección del patrimonio municipal, deslegitima a los gobernantes.-
Exigimos el cese de estas prácticas. Acceso a una vivienda digna para todos…