Las familias de este barrio son sistemáticamente asediadas, hostigadas y coaccionadas a aceptar ser relocalizadas en una zona desfavorable que no cuenta con los mínimos niveles de habitabilidad.
La senadora Díaz declaró que “se debe dar fin a estas prácticas patoteriles”, ya que el uso de la fuerza contra los habitantes del asentamiento dejó un saldo de seis heridos. Los incidentes comenzaron con la destrucción de las mejoras a una vivienda del barrio 10 de febrero, por parte de integrantes de una cuadrilla denominada Magui Mar convocada por la Municipalidad de Ushuaia para desplazar a las familias. Los integrantes de Magui Mar colocaron una motosierra en la cabeza de un hombre y destruyeron una vivienda nueva en medio de amenazas y golpes. Esto provocó la intervención de la policía provincial que disparó contra los vecinos del barrio con balas de goma y arrojó gases lacrimógenos para dispersar a los pobladores.
Los asentamientos irregulares de familias en las ciudades son el resultado de un Estado ausente durante muchos años, que dejó que el mercado estableciera el valor, el modo y la circunstancia para el acceso a vivienda. Frente a ese déficit habitacional, Sciurano estableció mecanismos de desalojo y desarme administrativo, procedimientos irregulares con el apoyo táctico del gobierno provincial a través de la policía.
Los legisladores pidieron desde Encuentro Popular, establecer los caminos de participación, pacificación y resolución de la problemática social sin demoras.
Díaz y Martínez son integrantes de HABITAR ARGENTINA, agrupación conformada por diferentes partidos políticos y múltiples agrupaciones que vienen trabajando por el derecho al hábitat y la vivienda. Esta agrupación se mostró muy preocupada por los hechos de violencia, tanto los acontecidos en capital federal, como estos últimos en Tierra del Fuego.
