El proyecto de reforma laboral que impulsa el presidente Javier Milei incorporará un punto central que abrió un fuerte debate político y económico: la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo que busca modificar el esquema de financiamiento de las indemnizaciones por despido.
Según un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), el esquema implicaría un costo fiscal estimado en 2.600 millones de dólares anuales —equivalentes al 0,37% del PBI— debido a la reducción de aportes patronales que hoy financian al sistema previsional.
Cómo funciona el Fondo de Asistencia Laboral
El FAL establece que las empresas deberán destinar un porcentaje del salario del trabajador a un fondo individual: 2,5% en el caso de las pymes y 1% para las grandes compañías. Ese fondo se acumularía durante la relación laboral y se utilizaría en caso de desvinculación.
Desde la óptica del empleador, el sistema permite distribuir en el tiempo el costo del despido. Desde el lado del trabajador, el fondo tendría como objetivo invertirse para maximizar su rendimiento hasta el momento de la salida.
Sin embargo, la misma reforma contempla una reducción equivalente en las cargas patronales, lo que, según el IAG, neutraliza el aporte adicional de las empresas y traslada el impacto al sistema previsional.
El impacto en la Anses
De acuerdo con los cálculos elaborados por el IAG en base a datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, la reducción de aportes implicaría para la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) una merma de ingresos cercana a los 2.600 millones de dólares anuales.
Ese monto representa el 0,37% del Producto Bruto Interno y supone un recorte significativo en los recursos del organismo previsional, en un contexto en el que el Gobierno plantea avanzar posteriormente con una reforma del sistema jubilatorio.
La discusión se produce mientras la actividad económica muestra señales de debilidad. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) acumuló dos meses consecutivos de baja en octubre y noviembre, a la espera de los datos de diciembre.
Comparación con otras partidas del Presupuesto 2026
El informe del IAG también comparó el costo fiscal estimado del FAL con otras asignaciones previstas en el Presupuesto 2026.
Para “ciencia, tecnología e innovación”, el proyecto contempla 1.107 millones de dólares, equivalentes al 0,16% del PBI, menos de la mitad del impacto estimado sobre la Anses. En ese marco, investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) aguardaban a fines de enero la implementación de un aumento salarial del 2% prometido en diciembre.
En el caso del Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan, el presupuesto asignado asciende a 162 millones de dólares, equivalentes al 0,023% del PBI. El hospital pediátrico atravesó durante 2025 un prolongado conflicto salarial con sus becarios.
Respecto a la Ley de Emergencia en Discapacidad —que fue vetada y luego ratificada por el Congreso— el costo estimado oscilaba entre 0,25% y 0,45% del PBI, cifras cercanas al impacto proyectado por el FAL.
Asimismo, durante 2025 el Ejecutivo vetó un aumento del 7,2% para jubilados (estimado en 0,2% del PBI), la suba del bono previsional a $110.000 (0,12% del PBI) y la extensión de la moratoria (0,094% del PBI), montos inferiores al costo fiscal calculado para la reducción de aportes patronales.
Debate abierto en el Senado
El oficialismo espera avanzar con la sanción definitiva del proyecto en el Senado en los próximos días. La discusión gira en torno a si la reforma laboral podrá estimular la creación de empleo formal y compensar la eventual pérdida de recursos del sistema previsional.
Mientras tanto, el Fondo de Asistencia Laboral se convirtió en uno de los puntos más sensibles del debate legislativo, por su impacto directo en las cuentas públicas y en el financiamiento de la seguridad social.
Fuente: GLP
