“Creo que tenemos que trabajar todos juntos y dar un mensaje en ese sentido. La provincia necesita consensos para enfrentar momentos que van a ser muy duros”, agregó.
Lapadula apuntó directamente al gobierno nacional al señalar: “Van a ser momentos muy difíciles por el ataque del gobierno nacional a nuestra industria. Río Grande es una ciudad industrial, y las políticas actuales impactan en la caída de los recursos coparticipables a provincias y municipios. Tenemos un trabajo muy duro por delante. Hay que establecer prioridades: educación y salud deben ser centrales, y dejar de lado otros temas que no son tan importantes”.
El legislador subrayó que el Estado debe ocuparse de lo esencial: salud y educación. Respecto a los policías retirados del ex territorio y los dos intentos fallidos de vender un edificio para pagar los haberes adeudados de ocho meses, sostuvo: “Esa no es la manera. Rematar bienes para cubrir gastos corrientes nunca puede ser la salida. Necesitamos conocer la situación real de la caja compensadora y, a partir de ahí, trabajar en herramientas que la hagan sostenible. Porque después de vender ese edificio, ¿qué van a vender para seguir pagando?”, se preguntó. “Esta no es la solución, de ninguna manera”, disparó.
Lapadula insistió en que debe evaluarse la sostenibilidad del sistema y recordó que la responsabilidad última recae en el Estado provincial. “La realidad es que tuvimos reuniones, pero nunca se presentaron en la Legislatura para informar quiénes son los directores de la caja ni para presentar un plan que permita salir adelante, que es lo que hace falta”, señaló.
Finalmente, adelantó que solicitará un pedido de informes por la intervención del puerto de Ushuaia por parte de la AMPYN. “Primero, para defender el puerto, que es propiedad de la provincia y de todos los fueguinos. No puede ser que, por decisión de un funcionario de tercera línea del gobierno nacional, se apropien de recursos y activos provinciales”.
“También lo dije: hay responsabilidades en el gobierno que dejó la ventana abierta para que se metieran. Eso es mala gestión, desvío de fondos y falta de explicaciones claras. Desde octubre, cuando hubo una inspección, se subestimó la situación y se la enmarcó en una cuestión de campaña sin sustento. Hoy nos encontramos con un puerto provincial intervenido. Ahora es el gobierno quien debe dar explicaciones. Insisto: tenemos que trabajar juntos, porque somos representantes de los fueguinos y debemos defender nuestros intereses y nuestra propiedad”, concluyó.
Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar
