A la crisis económica se suma la política. El enfrentamiento con los intendentes de las principales ciudades erosiona la gobernabilidad interna, mientras que la relación con el gobierno nacional atraviesa su peor momento. Sin obra pública en marcha y con el puerto de Ushuaia intervenido, la provincia pierde capacidad de inversión y control sobre uno de sus activos estratégicos.
El conflicto con Nación se profundizó tras la suspensión de un crédito internacional de 65 millones de dólares destinado a modernizar el sistema eléctrico de Ushuaia, lo que dejó en pausa un proyecto clave para garantizar el abastecimiento energético. A esto se suma la quita de fondos y el recorte de la coparticipación a los municipios, que agrava la tensión política y limita la capacidad de respuesta de los gobiernos locales frente a la crisis social.
El panorama se complejiza aún más con la construcción de una base conjunta con Estados Unidos en la bahía del aeropuerto de Ushuaia, un proyecto que despierta tensiones en torno a la soberanía y la política internacional en el Atlántico Sur.
En este contexto, el discurso del gobernador ante la Legislatura será observado con lupa. Se espera que trace un diagnóstico crudo de la situación, convoque a la unidad provincial y presente un plan de emergencia para contener la crisis social y productiva. La incógnita es si logrará transformar un escenario de fractura y vulnerabilidad en una narrativa de resiliencia y futuro compartido.
El ahogo financiero impuesto desde Nación no solo golpea las cuentas provinciales, sino que también paraliza proyectos estratégicos. La suspensión del crédito internacional de 65 millones de dólares para modernizar el sistema eléctrico de Ushuaia dejó a la ciudad sin una obra clave para garantizar su futuro energético
