En Córdoba, la situación es alarmante. Según datos recientes, fallecieron un 11% más adultos mayores por falta de medicamentos que durante la pandemia. Este incremento no puede desligarse de las medidas nacionales que recortaron fondos destinados a la salud y a la asistencia social, dejando a miles de jubilados en una encrucijada: elegir entre comer o medicarse.
La política de ajuste no se limita a los adultos mayores. El gobierno nacional también quitó fondos destinados a personas con discapacidad y no aplica la ley de emergencia pediátrica, lo que agrava la vulnerabilidad de niños y familias enteras. La pobreza infantil y el desempleo creciente son parte de un mismo entramado de decisiones que priorizan el equilibrio fiscal por sobre la protección de la vida.
En Tierra del Fuego, el impacto se siente con igual crudeza. Los recortes en programas sociales y sanitarios han dejado a la provincia en una situación de extrema fragilidad: hospitales con recursos limitados, familias que no pueden acceder a tratamientos básicos y una creciente presión sobre los sistemas locales de asistencia. La distancia geográfica y las dificultades logísticas propias de la región profundizan aún más las consecuencias del ajuste, generando un escenario donde la falta de medicamentos y de apoyo estatal se traduce en muertes evitables y en un deterioro acelerado de la calidad de vida.
La paradoja es evidente: mientras se proclama la defensa de la libertad individual, se desmantelan las condiciones mínimas para que esa libertad sea ejercida —salud, trabajo y dignidad. La falta de acceso a medicamentos y la ausencia de políticas de protección social no son problemas abstractos, sino condenas concretas que se traducen en vidas perdidas.
Organizaciones sociales y profesionales de la salud advierten que el impacto de estas medidas ya se mide en muertes y en un deterioro generalizado del tejido social. La discusión pública debería trascender los slogans y enfrentar la realidad: las decisiones políticas tienen consecuencias directas en la supervivencia de la población. Y tanto en Córdoba como en Tierra del Fuego, esas consecuencias ya se sienten con crudeza.
