La encuesta preguntó de manera directa: “¿Está a favor del paro general organizado por la Confederación General del Trabajo (CGT)?”. El resultado muestra una mayoría clara y consistente de acompañamiento a la medida de fuerza. El 67,5% respondió que está a favor con movilización, mientras que un 4,4% apoyó la medida sin movilización. En conjunto, el 71,9% se manifestó favorable al paro. En contraposición, el 27,3% declaró no estar de acuerdo, y apenas el 0,8% no supo o no contestó.
El dato adquiere relevancia adicional considerando que la propia CGT anunció que no promoverá movilización masiva durante la jornada, lo que no impide que una amplia mayoría de la opinión pública valide la medida de fuerza. El respaldo no aparece como marginal ni ajustado, sino como un posicionamiento mayoritario en un contexto de creciente tensión laboral y deterioro económico.
En paralelo, el monitoreo que Zentrix realiza sobre la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei muestra un cambio significativo en la percepción social. En noviembre de 2025, el 55% de los consultados se manifestaba a favor de la reforma, mientras que el 39% se declaraba en contra. Sin embargo, en la medición de febrero de 2026, el apoyo descendió al 48,6%, mientras que el rechazo escaló al 45,2%.
La brecha entre apoyo y rechazo, que en noviembre era de 16 puntos porcentuales, se redujo más de tres puntos en febrero. El movimiento no es menor. Indica un proceso de reconfiguración de la opinión pública a medida que el contenido de la reforma comienza a ser discutido con mayor detalle y sus implicancias laborales se vuelven más visibles en el debate público.
Este corrimiento no implica un rechazo mayoritario a la reforma, pero sí refleja una polarización creciente y una pérdida de respaldo neto. En términos políticos, la reforma deja de ser una iniciativa con consenso amplio para convertirse en un eje de conflicto social más definido.
El apoyo al paro no puede leerse como un hecho aislado: se apoya en un contexto de contracción del consumo y de debilitamiento industrial que viene golpeando con fuerza a las pymes, donde se concentra el 70% del empleo privado formal. En los últimos dos años cerraron más de 21.000 empresas y se perdieron más de 300.000 puestos de trabajo registrados. En paralelo, la caída del poder adquisitivo redujo la demanda, mientras que el encarecimiento del crédito comprimió márgenes y elevó la fragilidad financiera de muchas firmas, consolidando un clima de incertidumbre sostenida.
En ese marco, el respaldo mayoritario al paro puede interpretarse como la expresión de un malestar económico acumulado más que como una reacción puntual a una medida específica. La combinación de cierre de empresas, pérdida de empleo y deterioro de la actividad opera como telón de fondo para la discusión sobre la reforma laboral: cuando el mercado de trabajo se vuelve más frágil, crece la sensibilidad social frente a cambios normativos que afectan reglas de contratación, costos laborales y condiciones de estabilidad. Por eso, más allá del encuadre sindical, el apoyo al paro aparece vinculado a una lectura social de deterioro y a la percepción de riesgo sobre el futuro inmediato del empleo.
La combinación de menor apoyo a la reforma y alto respaldo a la medida de fuerza configura un escenario de tensión estructural entre el programa de transformación laboral del Gobierno y un contexto económico que aún no logra estabilizar el mercado de trabajo. El paro del 19 de febrero se inscribe así en una dinámica más amplia, donde la discusión no es únicamente normativa, sino económica y social.
El paro nacional, que se desarrolla en un contexto de tensión social vinculada al deterioro del mercado de trabajo y al debate en torno a la reforma laboral, tiene un impacto económico cuantificable. La estimación central ubica la pérdida neta de valor agregado en aproximadamente USD 461 millones para una jornada de 24 horas con paralización del transporte público. El objetivo de esta medición es dimensionar el costo macroeconómico asociado a la interrupción de la actividad, sin ingresar en valoraciones sobre la legitimidad de la medida.
Ese monto equivale al 0,0685% del Producto Bruto Interno nominal anual 2025 (IMF/WEO: USD 667,92 mil millones) y representa cerca del 19,9% del PBI diario ajustado de un “día hábil equivalente” (en torno a USD 2,32 mil millones), calculado con corrección por días hábiles y no hábiles y la estacionalidad del mes de febrero. Los sectores más afectados son los de alta presencialidad y fuerte dependencia logística —comercio, construcción, hoteles y restaurantes, y transporte y comunicaciones— donde la interrupción del transporte amplifica el impacto al elevar el ausentismo, frenar entregas y reposiciones, reducir la demanda presencial y afectar servicios no almacenables. Parte de la producción puede reprogramarse en actividades más “recuperables”, pero en servicios presenciales la pérdida tiende a ser en gran medida irreversible.
Sobre el estudio
Los datos surgen de una encuesta realizada entre el 18 y 19 de febrero de 2026 y del cruce con datos del Monitor de Opinión Pública (MOP). El relevamiento incluyó 493 casos válidos, con cobertura nacional, y se trabajó con un diseño muestral ponderado por región y edad según el último padrón electoral. La recolección se efectuó mediante un cuestionario autoadministrado en línea (Google Forms), con difusión controlada, y luego se aplicó depuración de duplicados y registros inválidos.
Los resultados fueron ajustados para garantizar representatividad nacional. Bajo estas condiciones, el margen de error teórico se estima en ±4,1%, con un nivel de confianza del 95%. Los resultados no deben extrapolarse a niveles subnacionales sin la debida cautela metodológica.
Fuente: Zentrix
