Es importante reseñar que, mediante Dictamen de Asuntos Jurídicos N° 184/18, se determina, citando el artículo 113 de la Ley Provincial de Procedimientos Administrativos, que «El acto administrativo afectado de nulidad absoluta debe ser revocado o sustituido por razones de ilegitimidad aún en sede administrativa. No obstante, si el acto estuviere firme y consentido y hubiere generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo, sólo se podrá impedir su subsistencia y la de los efectos aún pendientes mediante declaración judicial de nulidad. Sin embargo podrá ser revocado o sustituido en sede administrativa aun cuando hubere generado derechos subjetivos en vías de cumplimiento, si el interesado conocido el vicio o si el derecho se hubiere otorgado expresa y válidamente a título precario».
Temari citó que «Lo que plantea el último párrafo del Dictamen, respecto de revocar todas aquellas designaciones, implica también desconocer que quienes fueron designados «en condiciones irregulares» vienen cumpliendo diariamente su labor. Los trabajadores no pueden ni deben ser casilleros en una planilla de Excel. Y esto es precisamente lo que vemos: que la política que el Ministerio de Educación lleva adelante consiste pura y exclusivamente en dar de baja comisiones, dar de baja horas, desconocer que ha dado el aval durante años a designaciones que hoy pretende calificar de viciadas de nulidad, ignorando que se trata de personas con familias que llevan cada día el plato de comida a la casa».
