Con ese objetivo, algunos funcionarios evalúan la idea de armar una liga oficialista de gobernadores peronistas y avanzar hacia un compromiso de apoyo a la Presidenta. Los ejes sobre los que se trabaja incluyen una promesa de las provincias para no emitir cuasimonedas y una evaluación de los aumentos comprometidos a las policías, a cambio de la refinanciación de las deudas y de un respaldo político al Gobierno.
«La reunión del viernes fue el puntapié inicial: el Gobierno quiere que firmen una declaración de apoyo a la Presidenta», dijo a la nacion una fuente del oficialismo. Pero el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, negó que se esté elaborando un documento.
La Presidenta conversó por teléfono en estos días con sus funcionarios, y sobre todo con Capitanich. La preocupación de la mandataria, ausente del escenario público, se centra en que teme una prematura licuación del poder y para eso busca que los gobernadores del PJ y aliados cierren filas con la Casa Rosada.
El primer paso de ese intento de acuerdo fue la reunión del viernes último entre Capitanich, el equipo económico y 17 gobernadores, en la Casa Rosada. Se anunció allí la refinanciación de las deudas provinciales, que totalizan $ 75.000 millones, con revisión trimestral, y una quita de 11.000 millones en 2014.
Según confiaron a la nacion fuentes oficiales, ese alivio financiero llegó acompañado de un pedido que los funcionarios de la Casa Rosada hicieron a los gobernadores: que no emitan cuasimonedas para afrontar el crecimiento en el gasto de salarios estatales. Incluso, Capitanich recibió a gobernadores que le confesaron que estudiaban la posibilidad de revisar y modificar los aumentos de sueldos a las policías provinciales. Esas subas se acordaron bajo la presión de los acuartelamientos y los saqueos en 20 provincias con 12 muertos oficiales. El Gobierno les daría respaldo político para afrontar ese costo político.
De ese modo, el jefe de Gabinete se convertiría en el eje de un acuerdo «federal» por el cual el Gobierno les posterga los pagos de los vencimientos de las deudas a los gobernadores, lograría evitar el sofocón de la emisión de cuasimonedas y respaldaría a las provincias que necesiten retrotraer los aumentos policiales.
La intención del Gobierno es que esos compromisos sean acompañados por un gesto concreto de respaldo político a la Casa Rosada, que le permita exhibir apoyo en un momento de debilidad frente a una situación económica y social agitada. Algunos en el kirchnerismo incluso aspiran a que haya un documento de respaldo escrito, pero esta posibilidad fue rechazada por Capitanich. «No se habla de liga de gobernadores ni se firmará nada», dijo el funcionario a la nacion.
Consultado respecto de la posibilidad de que se haga una revisión de los aumentos comprometidos a las policías provinciales, Capitanich dijo: «Lo hizo el Chaco y depende de cada una. Muchas me hicieron comentarios». Y después agregó que «otras provincias finalmente negociaron acuerdos que no incluían salarios básicos. No existe homogeneidad en las negociaciones. Este mes se irá aclarando el panorama».
El gobernador de Chaco, Juan Carlos Bacileff Ivanoff, informó a la nacion que con el acuerdo de la policía de su provincia debió bajar el mínimo salarial de los agentes de 8000 a 6000 pesos porque quedaban por encima de los suboficiales y se dispuso finalmente un aumento proporcional a los escalafones para todos los grados. Pero esa modificación fue consensuada y sin conflicto.
«El resto de las provincias negociaron bajo la presión de una sedición o alzamiento y eso es nulo porque así lo dice la Constitución», dijo Bacileff. Y confirmó que el Gobierno analizaba el tema con otros mandatarios. «Todos apoyamos al Gobierno y no hacen falta declaraciones públicas, hay que gobernar», agregó.
Pero el conflicto no es menor. Los aumentos a las policías provinciales obligará a los gobernadores a desembolsar $ 20.000 millones adicionales en 2014. Es más dinero incluso que la quita de 11.000 millones en sus deudas que les concedió la Casa Rosada. Y si en las negociaciones paritarias de marzo se suman otros aumentos estatales, como docentes, médicos, judiciales o empleados, esa suma treparía a 100.000 millones.
Ese escenario delicado ofrece sólo tres salidas: que el Gobierno eleve la emisión monetaria para asistir a las provincias, que las autorice a endeudarse o que éstas emitan cuasimonedas, algo que por ahora descartan, más allá de la amenaza del gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi. Pero en Córdoba esos bonos eventuales ya tienen nombre. Serían los «Bustos», en referencia a Juan Bautista Bustos, el primer gobernador constitucional de esa provincia.
La ecuación política es sencilla. Los jefes provinciales buscan apoyo económico de la Casa Rosada para evitar futuros incendios como los de diciembre último con las policías. Cristina necesita apoyo político del peronismo para terminar su mandato sin problemas, aunque esta parte del acuerdo trata de ser minimizada por los ministros para no reconocer una debilidad política. «Capitanich está en contacto directo con los gobernadores y desde esa lógica existe un acuerdo implícito», señalaban ayer a la nacion funcionarios del Gobierno.
Al margen de las intenciones de la Casa Rosada, los mandatarios comenzaron a conversar entre ellos para minimizar los conflictos locales futuros. En estos días, existieron cruces telefónicos y personales entre Daniel Scioli (Buenos Aires), José Manuel de la Sota (Córdoba), Sergio Urribarri (Entre Ríos), Eduardo Fellner (Jujuy), Francisco Pérez (Mendoza) y Antonio Bonfatti (Santa Fe).
LOS 204 OBJETIVOS Y LAS 272 METAS DE CAPITANICH
A través de su cuenta de Twitter, el jefe de Gabinete lanzó anoche una seguidilla de tuits, con los «objetivos» para 2014.
Un plan de viviendas y créditos hipotecarios
«Construir 100.000 viviendas con recursos nacionales y fondos específicos. Actualmente con financiamiento de Procrear y créditos del Banco de la Nación y otros bancos superan los 200.000 créditos»
Más energía y exportaciones
«Incrementar 1625 MW de potencia de generación de energía eléctrica permitirá abastecer la creciente demanda. Incrementar las exportaciones a 94.034 M de dólares reforzando destinos y productos»
Futuras reformas e inversiones
«Promover nueva ley orgánica del servicio penitenciario federal e impulsar la sanción de los Códigos Civil y Comercial y Penal. Invertir 0,65 % del PIB en Ciencia y Tecnología y entregar 4.915.372 netbooks»
Empleo en negro y paritarias
«Reducir el empleo informal a menos del 30% con la incorporación de más de 430.000 trabajadores no registrados. Lograr una tasa de desempleo inferior al 6,3 % y promover 1650 convenios colectivos»
Del editor: qué significa.
Las provincias están asfixiadas económicamente y demandan ayuda. Pero al Gobierno tampoco le sobra mucho. Un acuerdo de necesitados se impone.
Por Mariano Obarrio | LA NACION
