La mancha roja sobre el mapa de la Argentina se extiende de manera peligrosa para señalar las provincias que son escenarios de conflictos sociales derivados de huelgas policiales, mientras la ciudadanía se hunde en estados de angustia e incertidumbre que nunca antes se habían vivido durante los 30 años que acaba de cumplir la democracia recuperada en 1983.
Frente a este escenario trágico, hay que repensar las responsabilidades en este desmadre social de miles y miles de uniformados que se han embarcado a punta de pistola en un virtual estado de sedición, con el objetivo de conseguir mejoras salariales cuya legitimidad no está en discusión. Lo que es reprobable y peligroso es el accionar violento de una fuerza con poder de fuego.
No tendría que quedar en veremos una severa sanción a los grupos policiales que tomaron la decisión de acantonarse como medida de presión. Se trata de poner en caja a grupos que dejaron de cumplir con la función específica que les asigna la Constitución nacional, como es la protección de bienes y personas.
La desgastada imagen pública que exhibe esta fuerza de seguridad, salpicada en todo el país por hechos de corrupción y vínculos con el delito, se ha terminado de resquebrajar. Una mala imagen que será difícil revertir sólo con cambios en los mandos superiores de la institución.
Sin embargo, también es necesario debatir otro punto polémico: la posibilidad de que los policías tenga un canal formal de diálogo institucional con las autoridades gubernamentales, como lo tienen las distintas ramas de la actividad pública en los ámbitos de las provincias y la Nación.
La negativa de los poderes de turno de admitir la “sindicalización” de las fuerzas de seguridad, incluida también la Gendarmería nacional, ha dejado a los efectivos sin interlocutores oficiales válidos cada vez que necesitan hacer planteos por razones salariales o por mejoras en las condiciones de trabajo.
Una carencia de diálogo que agita reacciones extemporáneas, como las que pusieron a las esposas de los policías al frente de las primeras protestas en la ciudad de Córdoba y que desembocaron en los desmanes que hoy se extienden por casi todo el país.
“No puede existir sindicalización para una persona que porta un arma; no hay ley que permita la sindicalización de policías”, salieron a cortar el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el ministro de Justicia, Julio Alak. Pero no hay que cerrar el debate. Por el contrario, se abre una discusión en la que tendrá que estar involucrado todo el universo político del país.
La experiencia nefasta de estos días llama a encontrar herramientas de diálogo también con los policías –aunque no sea formalmente con un sindicato–, para que no se repitan estas asonadas que dejan un escenario de muertes y saqueos.
Fuente:lavoz.com.ar
