En un sorpresivo cambio de estrategia, lo hizo en los mismos términos que había sugerido el presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella, que ayer celebró la presentación y dijo -también sorpresivamente- que ahora tiene «120 días» para analizarla.
Antes de que venza el plazo para la ejecución de la sentencia de la Corte Suprema, que declaró constitucionales cuatro artículos de la ley de medios audiovisuales, el Grupo Clarín propuso dividirse en seis unidades empresariales independientes, cuatro de las cuales podrían ser transferidas «a terceros» no vinculados «a medida que avance el proceso de adecuación».
Aunque el grupo no lo manifestó públicamente, esos terceros podrían ser sus socios actuales o familiares de éstos, en empresas que dejarían de tener vínculo jurídico entre sí, algo que el propio Sabbatella reconoció como ajustado a la ley. De hecho, la propuesta de Clarín copia deliberadamente aspectos de los planes ya presentados por otras empresas, como el grupo Manzano-Vila (el reparto de medios entre socios) y Telecentro (licencias por localidad con extensiones a ciudades vecinas).
Cada uno de los «miniclarines» reagrupa licencias ahora bajo control del grupo, cuya compleja reorganización accionaria requerirá el acuerdo de los inversores que tienen el 20% de las acciones que cotizan en las bolsas de Buenos Aires y Londres.
El 8% de los papeles que cotizan en los mercados financieros están en manos del Estado argentino, que en este caso es regulador y regulado.
Del orden de prelación en que el grupo presentó los seis «miniclarines» y la «densidad» empresarial y comunicacional de cada uno se desprende la intención del conglomerado de conservar sus canales de TV y radio de mayor penetración y rating para salvar su influencia pública, y reducir al mínimo la partición de Cablevisión-Fibertel (que igual se escindirá en tres empresas distintas), para conservar la parte sustancial de su principal fuente de ingresos.
En su presentación, que tiene 63 páginas, sin contar diez voluminosos anexos, Clarín dedica un extenso apartado a aclarar que no renuncia a iniciar acciones legales contra el decreto reglamentario de la ley de medios; la Afsca, su actual composición y la aplicación que ese organismo haga de la ley, además de varias disposiciones vigentes de diversos entes estatales. Aclara, además, que podría ir contra los artículos 41, 45, 48 y 161 de la ley ante «la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros tribunales competentes».
De las seis empresas en las que propone dividirse, la primera conservaría los medios clave: los canales 13 de Buenos Aires y 12 de Córdoba, y las emisoras de radio AM y FM en esas ciudades y Mendoza, además de la señal de noticias TN. También prevé que esta unidad -la más grande en términos de licencias, pero no la más importante en términos económicos- conserve 24 licencias para la distribución de TV por cable en las localidades donde no tenga TV abierta (lo que está prohibido por la ley).
La segunda empresa conservaría el grueso de las licencias de Cablevisión y tendría a Fintech como socio (tal como ocurre actualmente). Operará en 24 localidades, y posiblemente exija extensiones de licencias (como planteó en su momento Fintech a la Afsca en la carta enviada hace un año y recordada con insistencia por Sabbatella). Seguramente, el Grupo Clarín tratará también en este caso de salvar la red troncal de fibra óptica por la que se presta el servicio de TV por cable en el centro de la Argentina, incluidas sus ciudades más importantes.
La tercera empresa se limitaría a ser una porción de 18 licencias de cable y una de TV paga con uso de espectro, escindidas de la actual Cablevisión, presumiblemente las de menor valor económico emplazadas en el interior del país.
La cuarta compañía agrupa las señales de TV paga para las que la ley creó incompatibilidades con la TV abierta y la distribución de TV por suscripción: TyCSports, TyCMax, El Trece Satelital, Magazine, Volver, Quiero Música, Canal Rural y Metro (sólo en la distribución para el interior). El tono en el que Grupo Clarín se refiere a estos canales hace pensar que estaría dispuesto a sacrificarlos. Incluso, no es necesario que los venda. De no haber compradores, tiene el derecho de cerrarlos (tal como ha escrito la Corte en su fallo por la constitucionalidad de la ley).
La quinta y la sexta empresa incluirían, por un lado, cinco licencias de radio FM, dos de las cuales están en Bariloche, y el resto en Tucumán, Santa Fe y Bahía Blanca, y por otro lado, su canal 7 de TV en esta última ciudad, y una participación minoritaria en canal 9, de Mendoza.
«El Grupo Clarín se presenta en las condiciones que habíamos planteado; reconociendo que existe una ley, reconociendo que explota servicios audiovisuales por encima de los límites establecidos, reconociendo que es posible encuadrarse en los límites fijados por la norma democrática», dijo Sabbatella, que afirmó que la propuesta «es una complementación con la hecha en tiempo y forma por su socio minoritario Fintech Advisory Inc». En rigor, esa empresa es socia de Clarín sólo en la firma Cablevisión, de la que posee el 40%.
«Tenemos 120 días para analizar el plan, pero puede ser antes. Ahora se acaba la incertidumbre para los demás grupos que habían aceptado la adecuación, pero dudaban si se iba a avanzar sobre ellos pero no sobre el grupo más grande», dijo Sabbatella en diálogo con Víctor Hugo Morales, por Radio Continental. El presidente de la Afsca afirmó que si el plan «cumple estrictamente con lo establecido por la ley, el directorio lo trata y lo aprueba».
En un comunicado difundido ayer, poco después de la presentación del plan, Clarín reclamó que «se garantice la actuación de una autoridad de aplicación independiente, imparcial y con solvencia técnica, que pueda asegurar un tratamiento transparente e igualitario en la aplicación de la ley, lo contrario de lo que sucede hoy».
Por su parte, el radical Marcelo Stubrin, único director de la Afsca por la oposición, remarcó que «la presentación de Clarín disipa preocupaciones. Todos los grupos tendrán que ser medidos con la misma vara y tratados con equidad», dijo.
