Entre las atribuciones del procedimiento, se establece la elaboración “de políticas tendientes a la defensa del consumidor o usuario a favor de un consumo sustentable, con protección del medio ambiente e intervenir en su instrumentación”.
La propuesta, busca mantener un registro provincial de asociaciones de consumidores y usuarios. Recibir, remitir al organismo competente y dar curso a las inquietudes y denuncias de los consumidores y usuarios. Disponer de oficio y requerimiento de parte de celebración de audiencias con la participación de denunciantes damnificados, presuntos infractores, testigos y peritos; entre otras.
Con información de Prensa Legislativa
