La designación del general César Milani al frente del Estado Mayor del Ejército ha puesto otra vez al Gobierno nacional en el foco de las críticas de la oposición, que ve en este ascenso del cuestionado oficial la intención de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de asignar un protagonismo político a las Fuerzas Armadas.
Las suspicacias y reproches saltaron en función de que Milani está bajo sospecha por su participación, cuando tenía el grado de subteniente de Inteligencia, en el Operativo Independencia, que se puso en marcha en 1975, durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, para combatir la guerrilla en los montes tucumanos.
Al respecto, varios testigos directos y legisladores, entre estos el senador nacional por el radicalismo Gerardo Morales, sindican a Milani como un militar activo en su rol de espía luego del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
No en vano el nueve jefe del Ejército está bajo la lupa de organismos de derechos humanos por la desaparición de un soldado. Los familiares del conscripto piden la reapertura de esta causa, paralizada en los Tribunales de La Rioja.
A estos antecedentes turbulentos se sumó un informe periodístico que alerta sobre el desmedido crecimiento patrimonial de Milani en los últimos años, según consta en sus propias declaraciones juradas presentadas al fisco.
En este marco de críticas y rechazos, aparece como desacertada la decisión de la Presidenta de poner al frente de la cúpula del Ejercito a un oficial de inteligencia, un rol que en la jerga castrense no es otra cosa que un “espía”.
¿Espiar a quiénes y para qué? Al respecto, habría que interrogarse sobre la inoportuna designación de Milani, en coincidencia con revelaciones que dan cuenta de internas feroces entre los oscuros estamentos de Inteligencia del Estado.
Por otra parte, resulta sugestivo la escasa reacción y hasta el silencio de los organismos de derechos humanos afines al kirchnerismo sobre el controvertido papel que cumplió este militar durante los años de plomo.
La revisión del pasado no debe ser una cuestión selectiva, sino un compromiso irrenunciable de esos organismos con la búsqueda de la verdad. De otra forma, se estaría traicionando la memoria de las víctimas de la represión a cambio de adscribir a un proyecto de gobierno.
Esa posición parcial y mezquina entra en contradicción, además, con la política del kirchnerismo de levantar las banderas de los derechos humanos, aun cuando se critica el excesivo uso partidario que se hace de esa temática.
Con los antecedentes que pesan en su contra, es preocupante que un general acusado de violar los derechos humanos ocupe el más alto cargo el Ejército, nada menos que en vísperas de cumplirse 30 años de la democracia recuperada en 1983.
Fuente:lavoz.com.ar
