Año tras año, la Argentina viene sumando un dato preocupante: el aumento de la corrupción. Ello ubica al país entre las naciones que más toleran el “delito de guante blanco”, tal como se lo identifica.
El Barómetro Global de la Corrupción, que elabora la organización no gubernamental
(ONG) Transparencia Internacional nos coloca en un cuadro por demás denigrante. Nuestro país encabeza el listado de América, pues el 72 por ciento de los ciudadanos sostiene que la corrupción aumentó en el último año. Este ranking nos posiciona en los peores lugares, junto a países como México, Paraguay y Venezuela.
La decepcionante performance anual del país denota que la corrupción se enquistó en las distintas organizaciones y actividades, que no sólo incluyen a políticos y funcionarios públicos, quienes están al tope de las sospechas. Este es otro elemento que debe ser sopesado con inquietud: el uso ilegal de dinero para obtener negocios, favores o la compra de bienes y servicios también afecta a relaciones entre privados.
Los políticos, los funcionarios públicos, y los legisladores –en ese orden– son identificados por la sociedad entre los sectores donde más penetró la corrupción, que también alcanza a la Policía y al Poder Judicial y se propaga al ámbito de los negocios, a los medios de comunicación y a los militares. Las organizaciones religiosas y las ONG figuran como las instituciones menos salpicadas por este mal generalizado.
Pero hay otro dato preocupante de la encuesta –a cargo en nuestro país de la ONG Poder Ciudadano–, que es el juicio de ineficiencia que se realiza sobre las acciones oficiales para combatirla. En efecto, la Argentina es el segundo país de América cuyo gobierno es visto como el menos efectivo a la hora de luchar contra la corrupción, según la opinión del 74 por ciento de los encuestados. Sólo el 14 por ciento lo calificó como efectivo, en la muestra que terminó de realizarse en marzo último. Los resonantes casos difundidos a partir de abril último –Lázaro Báez, lavado de dinero, sobreprecios en la obra pública y fuga de capitales–, sin dudas, agravarían hoy aquella calificación.
Este es el hecho más inquietante de la encuesta de Transparencia Internacional. El juicio de que los principales poderes del Estado están haciendo poco para desterrar este flagelo es una demostración de la sensación de impunidad que se les otorga a quienes delinquen y se llevan recursos que deberían destinarse a mejorar las condiciones de vida de la sociedad.
Estas tienen que ver con la posibilidad de acceder a mejores jubilaciones, a destinar recursos para combatir la pobreza –que afecta a uno de cada cuatro habitantes, según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina– y a dotar de mayores fondos la atención de la salud y la educación.
Fuente:lavoz.com.ar
