El Parlamentario señaló que no se oponen a la concesión de servicios turísticos como mecanismo de administración, “creemos que, antes de tomar decisiones de este tipo, resulta necesario evaluar profundamente algunas cuestiones, evaluación que debe ser realizada con profesionalismo y transparencia, ser evaluada por los representantes electos por el pueblo de la Provincia para el ejercicio del Gobierno, y que debe ser de acceso público para el conjunto de la sociedad fueguina”
El proyecto de ley resalta la importancia de que la eventual concesión sólo puede ser propuesta adjuntando estudios económicos, financieros y de eficacia que demuestren las razones y conveniencia de optar por la administración y explotación del servicio en forma privada, en comparación con la administración del mismo por personal del Instituto Fueguino de Turismo.
En otro párrafo el funcionario legislativo remarcó que, “junto con la propuesta de concesión, debe proponerse el esquema de fiscalización y control por parte del INFUETUR de la actividad de los concesionarios en la efectiva prestación de servicios, la ejecución de las inversiones comprometidas en infraestructura y/o mantenimiento y el cumplimiento de los precios y tarifas establecidos al efecto. Y que debe hacerse explícita, al momento de la evaluación, la propuesta de fijación del canon retributivo correspondiente y demás condiciones de explotación, acorde a la envergadura y renta del servicio concesionado”
Consultado sobre las conversaciones mantenidas con el Presidente del INFUETUR, el Legislador dijo que, “acordamos con Echazú sobre la necesidad de preservar la función social del Martial, que manifestara públicamente días atrás. Pero creemos que tal cuestión no debe depender de una decisión unilateral de un ente autárquico, sino que debe ser asegurada por decisión de la Legislatura Provincial, en su carácter de legítimo representante del pueblo de la Provincia”
El representante del Fpv subrayó que bajo el principio de solidaridad y justicia social, “entendemos que la propia ley debe fijar la obligación, para cualquier servicio eventualmente concesionado, de establecer tarifas diferenciales para residentes de la Provincia en general, y, dentro de esa categoría, para sectores sociales y/o grupos etáreos alcanzados por políticas de promoción y asistencia por parte del Estado Provincial”, finalizó.
