En el marco de una inusual coincidencia de posiciones entre las distintas fuerzas políticas que tienen representación parlamentaria en el Congreso de la Nación, la casi totalidad de los bloques de la Cámara de Diputados se unieron para sancionar, el pasado miércoles, la ley de reproducción asistida.
Fue una encomiable definición para una ley cuya sanción definitiva venía frenada desde que el Senado le diera media sanción hace un año. Además, un reconocimiento al universo de organizaciones no gubernamentales (ONG) que llevaron adelante una lucha incansable para que los tratamientos a personas con problemas de fertilidad fueran incluidos en el Programa Médico Obligatorio (PMO).
En términos concretos, ello significa que los tratamientos tendrán que ser cubiertos por los distintos sistemas de salud, como obras sociales y empresas de medicina prepaga.
Uno de los puntos centrales de la normativa radica en que se garantizará el acceso a técnicas de fertilización asistida a “toda persona mayor de edad, sin distinción de sexo”. Al respecto, en materia de igualdad jurídica, precisa que no quedarán “discriminadas mujeres lesbianas, estén casadas, en pareja o solas”.
Sin embargo, hay cuestiones pendientes que no tendrían que opacar el noble festejo de las organizaciones. Una de ellas es la reglamentación y promulgación de la ley, un trámite que para algunos no tendría que llevar más de tres meses, aunque otros analistas menos optimistas hablan de un nuevo año de espera.
Se infiere que los elogios de la propia presidenta Cristina Fernández a la sanción de la ley tendrían que impactar también en la celeridad de los trámites legales bajo su potestad.
Sin embargo, un punto complejo –que merece un análisis serio, a fin de no generar falsas expectativas– tiene que ver con los interrogantes sobre cobertura y financiamiento de los estudios que salieron a plantear las obras sociales y las empresas de medicina prepaga.
“Es una irresponsabilidad de los legisladores sancionar una ley sin saber cómo se va a financiar lo que aprueban”, advirtió el ejecutivo de una cámara que agrupa a las empresas de medicina más grande del país. En igual sentido se pusieron en alerta las obras sociales, muchas de ellas con serias dificultades de caja para atender de manera eficiente a un enorme universo de afiliados.
Se trata de aspectos relevantes que tendrán que ser dirimidos con responsabilidad en el marco de la reglamentación de la ley. Diversos estudios dan cuenta de que hay 600 mil parejas en la Argentina que sufren patologías de infertilidad y los tratamientos cuestan hasta 50 mil pesos.
Los gestos de euforia y emociones que inundaron la Cámara de Diputados no deben quedar ahora a merced de intereses sectoriales ni resoluciones irresponsables y apresuradas.
Fuente:lavoz.com.ar
