Protección indebida

En momentos en que la presidenta Cristina Fernández levanta como bandera la “democratización de la Justicia”, acaba de conocerse una resolución que tiene como fin poner un cerrojo a toda información relacionada con el “caso Ciccone”, que compromete al vicepresidente de la Nación, Amado Boudou.
La nueva embestida del oficialismo fue motorizada por la Inspección General de Justicia (IGJ), cuando el titular de ese organismo era Norberto Berner, luego ascendido a secretario de Comunicaciones. Berner ideó un singular “cepo informativo” tendiente a trabar el acceso de jueces, legisladores de la oposición y periodistas a los expedientes por el escándalo de la eximprenta Ciccone, una causa que sigue empantanada.
El diario La Nación , de Buenos Aires, reveló que Berner llegó a conformar un equipo de colaboradores que aportaron propuestas y fundamentos para “negar el acceso a la información contenida en las bases de datos de la IGJ” y también evitar que los posibles reclamos posteriores por el cepo informativo llegaran a la Justicia.
Como derivación de esa medida, se consignó que el mentado cerrojo tiene como finalidad “proteger a Boudou”, uno de los funcionarios más cuestionados de la administración central.
La impertinencia del kirchnerismo no sólo se manifiesta de manera brutal en la protección de altos funcionarios sospechados de conductas corruptas; también avanza sobre el acceso a información vital para desentrañar presuntos ilícitos cometidos al amparo del poder absoluto.
Las irregularidades detectadas en el seno de la IGJ, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, deben ser investigadas a fondo.
De hecho, la denuncia que acaban de presentar parlamentarios nacionales opositores al kirchnerismo da cuenta de que Berner y sus colaboradores habrían incurrido en los delitos de “encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.
Berner es un dirigente ligado a La Cámpora y como titular de la IGJ se reportaba al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, otro férreo defensor de la discutida reforma judicial impulsada por la Presidenta.
Detrás de este escenario de escándalo, ha quedado abierto un nuevo frente de acción para los Tribunales. La denuncia elevada por los legisladores de la oposición quedó en el Juzgado del juez Claudio Bonadío y el fiscal Eduardo Taiano. Ambos deberán dilucidar si los funcionarios del Ministerio que conduce Alak incurrieron en acciones delictivas para proteger al vicepresidente.
Es de esperar, en tal sentido, que la causa no se diluya en el tiempo, que no quede inmovilizada en la maraña judicial que ha permitido a empinados funcionarios salir airosos de las graves sospechas de corrupción que los involucra. De hecho, un caso emblemático es el del propio Boudou, quien utilizó las influencias del poder para salvar su pellejo y el de amigos y socios que han hecho un manejo al menos dudoso de los dineros públicos.