La Justicia debe investigar

La capacidad de asombro de los argentinos parece no agotarse nunca. Hoy, un escándalo político –que incluye presuntos hechos de corrupción y de lavado de dinero, además de un oscuro manejo del aparato estatal– sacude a la opinión pública.
Los hechos se difundieron el domingo último en el programa Periodismo para todos , que conduce Jorge Lanata, donde dos testigos revelaron cómo, según lo que contaron, se arreglaban contratos de obra pública, cómo circulaba el dinero en negro por el país y cómo era sacado al exterior para ser depositado finalmente en Suiza, tras pasar por varios paraísos fiscales.
Las acusaciones lanzadas por un gestor de esos negocios y un financista incluyeron como figura central a Lázaro Báez, quien, a través de su empresa –Austral Construcciones–, es el principal contratista de obra pública de la última década. Báez fue íntimo allegado al expresidente Néstor Kirchner y es hombre de confianza de la presidenta Cristina Fernández.
Los denunciantes detallaron transferencias en efectivo al exterior de 55 millones de euros, además de otras operaciones por cifras multimillonarias, que habrían sido trasladadas en aviones particulares pertenecientes a Báez.
De ser ciertos esos episodios, que recuerdan los viajes de la famosa valija del venezolano Guido Antonini Wilson, no se podrían haber producido sin la complicidad de las autoridades de los aeropuertos argentinos, de la Unidad de Información Financiera (los fondos al parecer se remitían a Uruguay y de allí, a paraísos fiscales) y del Banco Central (venta a particulares de millonarias cantidades de moneda extranjera), entre otras instituciones rozadas por la asombrosa liviandad con que se cometieron los delitos.
Lo relatado por los involucrados en las presuntas maniobras delictivas ratifica denuncias anteriores realizadas por numerosos dirigentes políticos, en especial Elisa Carrió, quien, junto a legisladores de la Coalición Cívica, denunció en 2008 esas operaciones e involucró a Néstor Kirchner en una asociación ilícita.
Han pasado más de cuatro años de esas presentaciones y poco avanzó la Justicia en esclarecer tamañas acusaciones. La sorpresa de los argentinos no termina ahí: ningún juez o fiscal de la Nación decidió intervenir de oficio ante lo que se informó en el programa periodístico. Tampoco hubo instrucciones precisas de la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, tan diligente para denunciar otros casos.
La Justicia debe investigar a fondo y establecer las responsabilidades sobre los presuntos delitos, que no sólo habrían beneficiado a encumbrados funcionarios y políticos, sino que habrían condicionado el desarrollo de obras públicas y acciones sociales que necesita el país, como quedó demostrado en las recientes inundaciones que se llevaron la vida de más de 60 personas.