La mala praxis del gobierno kirchnerista de desconocer los fallos de la Corte Suprema de Justicia parece ser una metástasis que ya alcanza a otros organismos del Estado.
Sucede ahora con la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que fue amonestada por parte del Tribunal por intentar dilatar los juicios que entablan los beneficiarios del sistema previsional, ya sea por un mal cálculo del haber inicial o la falta de reajustes en los años posteriores a la caída de la convertibilidad. Esa resolución de la Corte Suprema facilitaría los trámites a unos 10 mil demandantes.
Pero la mala práctica kirchnerista cundió rápido. El titular de la Anses, Diego Bossio, dijo que acataría el fallo respecto de esos beneficiarios, pero seguiría apelando las resoluciones que pudieren tomarse en las 450 mil causas restantes.
En otras palabras, pese a la amonestación del máximo cuerpo judicial del país, el organismo sólo limitará su accionar a poco más del dos por ciento de los juicios entablados en su contra.
En este contexto, no merecen ser calificadas las expresiones del vicepresidente y ex titular de la Anses, Amado Boudou, quien dijo que las demandas eran alentadas por un multimedio.
Ambas declaraciones son censurables y repudiables, formuladas por quienes se vanaglorian de supuestos logros de sus gestiones al frente del organismo previsional, pero que no demuestran el más mínimo respeto hacia los adultos mayores, quienes no pueden subsistir con haberes mensuales inferiores a los dos mil pesos.
Además de las complicaciones físicas y psíquicas que se sufren a esa edad, el costo de vida actual requiere mucho más que esa modesta cifra.
Hasta la presidenta Cristina Fernández, cuya madre también llevó adelante un juicio contra la Anses para mejorar sus haberes, incurre en graves contradicciones al defender el accionar de ese organismo. Por caso, la jefa del Estado se vanaglorió del número de jubilados y de que el 71,8 por ciento cobre un haber mínimo.
Es decir que tres de cada cuatro pasivos apenas pueden sobrevivir y la Presidenta lo pone como un logro digno de mencionarse en la tribuna de Olivos.
Dijo, además, que durante su gestión se triplicó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), conformado por las inversiones incautadas a las ex AFJP.
Lo grave es que esos recursos no se usaron para mejorar la situación de los pasivos, sino que fueron a programas que debiera haber solventado el Estado nacional con recursos propios y no con el dinero de los jubilados.
Con seguridad que la política previsional de un Gobierno que se proclama “nacional y popular” debe tener muy pocos defensores, salvo el caso de los dos acomodados funcionarios, que disfrutan de un buen pasar en el barrio más caro de la Argentina.
Fuente:lavoz.com
