En la tarde del domingo representantes de la Asociación Desarrollo Pleno para Nuestros Hijos; Kauyak, PUEDO, Grupo de Padres, Familiares, Amigos de las Personas con Discapacidad (GPFDA); Laguna de los Témpanos y padres de Tolhuin estudiaron distintas alternativas para hacerse escuchar en los próximos días en la Legislatura de Tierra del Fuego.
A partir de la presentación del proyecto que realizó el Legislador por el Partido Popular, Adrián Liendo ante sus pares con el objetivo de contar con aval para la adhesión de la provincia a la Ley Nacional 24.901, un grupo importante de padres y vecinos decidieron asumir el compromiso de contarle al resto de la comunidad en qué consiste la ley, que lleva 15 años de vigencia en Argentina.
Soledad Sosa, quién es integrante de la Fundación PUEDO, señaló:»Es cierto que vivimos en una Isla, pero si hablamos de soberanía y de federalismo, no podemos estar aislados de nuestros derechos». De la misma manera remarcó que «esta ley no tiene consecuencias para ningún ciudadano, y entiendo que Tierra del Fuego es la única provincia que aún no está adherida».
Preservando el espíritu de la ley, Sosa explicó que «necesitamos de urgencia un sistema de rehabilitación. Formación laboral, Centro de Día y un Centro Educativo Terapéutico». Por lo que aclaró, «la Ley Provincial 48 quedo obsoleta para la serie de necesidades que padecen las personas con discapacidades. Funciona muy bien la Escuela Especial Kayu Chenén, pero no hay continuidad para el discapacitado joven adulto, y el CAAD, además de no dar abasto por la demanda, no deja de ser un centro recreativo y alternativo”.
Desde Tolhuin manifestaron que no cuentan con asistencia, de manera que «aquellos que están en condiciones de costearse el transporte, lo hacen una vez a la semana y los traumatizados simplemente se quedan esperando que los días pasen» explicó la kinesióloga, Claudia Gonzales.
No obstante opinó que la Ley 24.901 «cubre casi todas las áreas básicas de atención. No hace falta dictar más leyes que son redundantes y parciales; lo que si hace falta es hacer cumplir esta ley que ya dio miles de buenos resultados en el resto del país, a personas con necesidades especiales en torno a educación y tratamientos».
Según la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad es el organismo regulador del aludido sistema, el que en rasgos generales establece que las personas con discapacidad tienen derecho a una cobertura integral (100%) por parte de su obra social, prepaga o del Estado, de todos y cada uno de sus gastos de salud, educación y traslados.
