El legislador Ricardo Furlan explicó que, “por lo hechos que han sucedido últimamente en las unidades de detención y por los dichos de distintos policías decidimos avanzar en este asunto”.
“Luego de hablar con los defensores oficiales y Fiscales por los últimos motines que hemos tenido en la cárcel de Ushuaia, se decidió que tanto la Policía como el Servicio Penitenciario tengan un órgano de contralor”, indicó.
Esta iniciativa es en virtud de tener “mayor transparencia en los actos que ocurran en la fuerza”, dándole al Ministro político “un corto plazo para que designe al Director que estará a cargo de esta División que hará de nexo ente la Jefatura y el Poder ejecutivo”.
El Parlamentario consideró que, “se ha dado un gran paso”, ya que, “la policía no es la misma que era antes, con una cantidad menor de efectivos, sumado a que se están generando nuevas vacantes por lo que ésta es una herramienta por demás importante”.
Por su parte la presidente de la Comisión Nº 6, legisladora Verónica De María (ARI), expresó que este, “es un primer ámbito de control hacia el interior de la fuerza policial”
Es un control del “comportamiento en función de sus propios agentes por parte del personal externo a la fuerza, dependiente del Ministerio de Gobierno de la Provincia”.
El Ministro de Gobierno, “tendrá que designar a un abogado que cumpla ciertos requisitos para poder ocupar el cargo de Director de la División de Asuntos Internos”.
La Parlamentaria opinó que, “no es el mejor Proyecto”, ya que, “existía un aporte muy grande de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia donde proponía la creación de un tribunal de disciplina”, pero destacó que éste, “es un primer paso y es lo que tenia un mayor consenso”.
“No podíamos demorar la discusión en la conformación de un Tribunal entre el poder Ejecutivo, Legislativo y el Judicial”, cuestión que, “nos iba a llevar a una imposibilidad la conformación de esta área, la cual consideramos sumamente importante para la garantía de los propios efectivos y de la comunidad en general”.
La Legisladora explicó que la sanción de esta norma, “tiene que ver con corrupción, tratos crueles e inhumanos, posibles delitos cometidos por personal de fuerza”.
“No podemos perder de vista que la Policía y el Servicio Penitenciario ostentan un poder particular ya que tienen en sus manos el monopolio de la fuerza y el control y a veces nos encontramos con posibles bolsones de impunidad” donde “pueden existir personas que delinquen o redes delictivas y estamos en inferioridad de condiciones para poder abordar las situaciones”
Consideró importante que, “el Estado tenga las herramientas para poder llevar adelante las investigaciones que sean necesarias” agregando que, “el funcionamiento de la División nos va a demostrar si es necesario modificar esta Ley”.
