¿Puede un médico denunciar a la policía a una paciente que acude al hospital buscando ayuda médica en una emergencia, como puede ser un aborto en curso, porque alguien entiende que esa paciente cometió un delito? La ley, la Corte Suprema argentina y los tratados internacionales son claros y contundentes en su respuesta: no, no puede. ¿Por qué, entonces, esto sigue ocurriendo en un país en el que la interrupción voluntaria del embarazo es legal hace más de dos años?
Para escribir Entra una paciente, sale una denuncia, las abogadas argentinas María Lina Carrera, Natalia Saralegui Ferrante y Gloria Orrego-Hoyos realizaron más de cien entrevistas en todo el país, recorrieron hospitales y revisaron expedientes judiciales y planes de estudio de las carreras de Medicina y Derecho.
En este libro, editado por Siglo XXI, vuelcan todo en un retrato minucioso del proceso de violación del secreto médico que, aunque está basado en la experiencia argentina, también puede extrapolarse a otros países de la región e incluso a minorías violentadas, como las personas migrantes o el colectivo LGBT+.
Lo que las autoras plantean en Entra una paciente, sale una denuncia es que no alcanza con que cambie la ley, se amplíen los derechos y se promuevan las consultas. Nada de eso funciona si no se le presta la suficiente atención a las formas en que el sistema las recibe cuando las mujeres se acercan a pedir ayuda.
“Entra una paciente, sale una denuncia” (fragmento)
El obstetra de guardia me recibió y me dijo “con qué te pinchaste, qué te tomaste, qué te hiciste”. El mismo que le dijo a mi papá que tenía que hacer la denuncia (Yamila, Rosario).
Personal médico hizo ingresar a la policía a la sala de parto, la operaron sin anestesia y la imputaron por aborto (María Magdalena, Tucumán).
Cuando llegan a su casa, los médicos revisan a Inés y la llevan al hospital. La esposan a la cama. Así comienza su causa penal por el delito de homicidio agravado por el vínculo (Inés, Buenos Aires).
Al conocer estos testimonios, la pregunta surge enseguida: ¿se puede denunciar a la policía a una paciente que acude al hospital buscando ayuda médica en una emergencia porque alguien entiende que esa paciente cometió un delito? No, dice la ley pero, como demostraremos en este libro, se hace.
Y no solo en el caso de eventos obstétricos. En febrero de 2022, en el marco de un reparto de cocaína adulterada en el oeste del Conurbano bonaerense que terminó con decenas de personas muertas y otras internadas de gravedad, las palabras de Gabriela Torres, titular de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar), se replicaron en los medios y las redes sociales:
Hay que acompañar a los que están en su casa sintiéndose mal y no se animan a ir a un hospital porque, como se discriminan tanto los problemas de consumo, tienen miedo.
¿Qué es lo que permite el engranaje de la denuncia médica contra pacientes y su tolerancia judicial? El Código Penal es claro al establecer que la divulgación sin justa causa de cualquier información que profesionales y otros intervinientes de la medicina hayan conocido en el marco de la consulta médica es un delito. En efecto, en su art. 156 condena a quien “teniendo noticia, por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda causar daño, lo revelare sin justa causa”.
Las abogadas argentinas María Lina Carrera, Natalia Saralegui Ferrante y Gloria Orrego-Hoyos, autoras de «Entra una paciente, sale una denuncia», ya habían trabajado juntas en el libro «Dicen que tuve un bebé».Hay una sola persona que puede autorizar que la información trascienda: la paciente. Pero ¿qué es la “justa causa”? Es, en definitiva, un juego de valores. La justa causa implica la existencia de un interés público por la revelación de ese secreto que esté por encima del interés que se protege con el secreto. Tiene que existir un interés lo suficientemente importante para que, en el balance con los derechos de la paciente, justifique la ruptura del pacto de confidencialidad, esencial en la relación médico-paciente.
Según la última interpretación que hizo la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la norma en 2010, la justa causa no puede basarse en la convicción individual del personal médico de que se encuentra frente a un delito:
No existe en el caso ningún otro interés en juego, pues no mediaba peligro alguno ni había ningún proceso lesivo grave en curso que fuese necesario detener para evitar daños a la vida o a la integridad física de terceros, de modo que cabe descartar toda otra hipótesis conflictiva (CSJN, Baldivieso).
El interés del Estado en perseguir delitos no configura nunca la justa causa pedida por la norma, ni es motivo suficiente para la violación del secreto. En ese marco, el secreto médico y el deber de guardar confidencialidad es la regla. Las causas para traspasar esa frontera, la excepción.
Pero, como veremos en este libro, esto no se replica en la realidad. Y la denuncia como punto de origen de los expedientes penales en casos de criminalización de eventos obstétricos y en aquellos relacionados con el consumo, la tenencia o el comercio de drogas continúa siendo una constante.
¿Dónde se ubica el punto de inflexión que permite que estas denuncias tengan éxito? El camino es demasiado extenso y en algunos casos permanece impune en todo su recorrido, desde los hospitales hasta los tribunales. ¿Acaso el cuerpo médico denuncia por miedo o denuncia por convicciones morales o religiosas? ¿Denuncia por obligación? ¿Obligado por quién? ¿Qué pasa en los tribunales? ¿Por qué a veces las defensas no lo plantean ni las y los operadores judiciales lo advierten?
Durante la investigación sobre la criminalización de eventos obstétricos que culminó con la publicación del libro Dicen que tuve un bebé, en 2020, se puso en evidencia que en la Argentina existe una parte del personal médico que denuncia a pacientes por hechos que se revelan dentro de la consulta médica, a la que muchas mujeres y niñas llegan de urgencia, en grave estado, a veces inconscientes o con riesgo de muerte.
Aunque, como adelantamos, esto se da sobre todo en dos grupos de conductas criminalizadas –aquellas asociadas al ejercicio de derechos sexuales y reproductivos, y las vinculadas al consumo o tenencia de drogas–, podría extenderse también a otros casos. Como veremos en estas páginas, sus repercusiones llegan a los efectos que puede tener la revelación del secreto en, por ejemplo, personas migrantes o poblaciones altamente violentadas como las del colectivo LGBTTIQ+. Además, sus efectos nocivos se mantienen, incluso después de la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en diciembre de 2020.
El motor que dio vida a esta investigación fue un cúmulo de dudas. Una catarata de preguntas sobre el por qué y el cómo las denuncias a pacientes se gestan en los pasillos de los hospitales, toman cuerpo en los tribunales y se traducen en expedientes penales, detenciones, condenas.
Entra una paciente con emergencia obstétrica, sale una denuncia. Esa es nuestra puerta giratoria, la que guía esta investigación. Porque va en contra de lo que dice la ley, porque se opone a los criterios vigentes de la Corte Suprema, porque contraría los mandatos que emanan de los tratados internacionales incorporados a la Constitución nacional. A pocos les sorprende, las agencias judiciales lo avalan.
“¿Qué van a decir sobre secreto médico que no se haya dicho?”. La pregunta es de una abogada, referente en derecho penal. Trabaja hace años en la justicia y da clases en facultades de Derecho. La pregunta sorprende, aunque no tanto.
Las conversaciones sobre secreto médico profesional durante las últimas décadas han sido, en efecto, extendidas. Pero su interpretación ha sido y es variada. Hay quienes consideran que el personal médico de hospitales públicos, por tratarse de funcionarios públicos, tiene la obligación de denunciar cualquier hecho delictivo del que tome conocimiento, aunque sea en el marco de la consulta médica. Otros piensan que, ante la duda, hay que dar aviso a la policía. Entre ellos están, también, quienes creen que dar aviso no es denunciar.
A pesar de que, como señalamos, un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación refuerza con claridad la obligación de guardar el secreto profesional para todo el personal de salud, las historias de personas criminalizadas a partir de denuncias médicas se repiten en todo el país. Y la persistencia del problema es invisible, tanto porque no se conoce como porque no se discute en los hospitales y los tribunales, y menos en las universidades.
Fuente:infobae
