Por Mauricio Cantando
Con el objetivo de aprobar el proyecto de reforma política en Diputados antes del recambio legislativo, el Gobierno les ofrecería a los partidos chicos el plazo de un año para que sumen la cantidad de afiliados que el texto exige para su subsistencia, que es de cinco por cada mil electores.
El portavoz de la idea fue el diputado oficialista Jorge Landau, histórico arquitecto electoral del peronismo, quien la detalló durante el plenario de comisiones que se hizo esta tarde en el edificio anexo del Congreso de la Nación, con la presencia del ministro del Interior, Florencio Randazzo.
El mínimo de afiliados exigidos para la permanencia de partidos políticos fue cuestionado por todo el arco opositor, inclusive por los sectores que votaron con el gobierno los proyectos que envió durante los últimos meses, como Solidaridad e Igualdad (SI) y Proyecto Sur. Necesitado de aliados, ya que la ley requiere del apoyo de la mayoría de los votos del cuerpo, el Gobierno estaría dispuesto a ceder.
No a través de una reducción del piso de afiliados exigidos –que además deberían ratificarse anualmente- sino permitiendo que esta restricción comience a regir desde diciembre de 2010. Es que el texto pide que corran a partir de diciembre próximo, una muestra cabal de la urgencia con al que la Casa Rosada quiere sancionado el proyecto.
Si la norma comenzara a regir hoy, sólo cinco fuerzas mantendrían su vigencia: el Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, el Frente Grande y el Ari, reconvertido ahora en Ari-Coalición Cívica
Fecha única y otra autoridad de aplicación
La exigencia de afiliados por partido no fue el único cuestionamiento que debió escuchar Randazzo. La oposición se expresó a través de los jefes de sus bloques, y apuntó con dureza a otros aspectos como la fecha de la realización de los comicios y la autoridad de aplicación.
Adrián Pérez, jefe del bloque de Ari-Coalición Cívica, pidió la creación de un órgano de aplicación ajeno al Gobierno para que controle los comicios, actividad monopolizada por el Ministerio del Interior. Y reiteró los eternos reclamos por la implementación de la boleta única y el voto electrónico. Cuestionó, además, la exigencia de que el financiamiento de los partidos políticos se justifique con el aporte de personas físicas, otro de los aspectos que muchos bloques piden revisar.
El radical Oscar Aguad reivindicó la implementación de las internas que su partido realiza casi en forma religiosa, pero lanzó dos duras objeciones sobre la reforma que quiere el Gobierno: sostuvo que con padrones generales será “el gobierno, a través de los planes sociales, el que maneje esos comicios”, y exigió una fecha precisa para la convocatorias, fijada por ahora en entre 60 y 90 días antes de los comicios generales.
“Si el gobierno puede adelantar seis meses las elecciones como hizo este año, puede manejar la fecha de las internas”, razonó. “¿Se imaginan? Hubieran sido en abril”, completó. Federico Pinedo, del Pro, quien tuvo a su lado casi como una estampa a Francisco de Narváez, se plegó al pedido de boleta única, y disparó a la Casa Rosada por cada una de las normas que impulsó y logró que se sancionen en los últimos meses.
La socialista Silvia Augsburger, leal al gobernador de Santa Fe Hermes Binner, se plegó al pedido del Ari para que el proyecto sea debatido con más tiempo, y no necesariamente se lleve al recinto en el próximo mes. La kirchnerista Patricia Vaca Narvaja, vicepresidenta de la Cámara, blanqueó ese objetivo: “La intención es dar debate en profundidad y con búsqueda de consensos, para sancionar en Diputados durante noviembre», dijo.
Randazzo, quien abrió el plenario con un relato del auge y la caída del prestigio de los partidos desde el retorno democrático, prefirió no dar precisiones sobre el tratamiento del proyecto: “No existe un tiempo bueno para discutir la reforma política; el desafío es volver a prestigiar la política y definir qué tipo de partidos queremos», minimizó.
