Desde el lunes 2 de julio, cuando formuló sus críticas en un memorando interno, Cynthia Pok sabía que sus días al frente de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) estaban contados. En su fuero íntimo lo prefería, antes que convalidar el próximo índice de pobreza, necesariamente subvaluado por los «toques» que realizó desde enero Beatriz Paglieri al Indice de Precios al Consumidor (IPC).
Aunque de índole estadística, la razón es simple de explicar: la Canasta Básica Total (CBT), que marca el límite de la pobreza, se compone de ciertos productos y servicios que consumen los hogares y personas; si el precio de estos bienes no es el que realmente pagan los consumidores –intervención del IPC mediante–, entonces parecerá que los pobres son menos de los que fácticamente hay.
Con el «dibujo» de la inflación, el Gobierno buscó matar dos pájaros de un tiro. Las estadísticas oficiales reflejan menos inflación y también menor pobreza de las que realmente hay. Pero, lo que en un año electoral parecía negocio, se volvió un bumeran. Como el escándalo del INDEC ya lleva medio año de alta exposición pública, se desgastó no sólo la credibilidad de los índices realmente «intervenidos», sino la de todos los demás, incluyendo los que son tan confiables como políticamente exitosos (por ejemplo, el crecimiento del PBI, la baja del desempleo o el superávit comercial).
En cuanto a la confiabilidad del índice de pobreza, el memo dirigido a Alejandro Barrios (actual director general del INDEC) fue tan crítico como técnico: «Los cambios introducidos en la modificación del IPC desde enero de 2007, ponen en cuestionamiento el uso del IPC actual como insumo para el cálculo de la CBT que debería utilizarse para la medición de la pobreza en el primer semestre de 2007», dice el texto firmado por Pok y rubricado luego por 16 técnicos que estaban a su cargo en la dirección de EPH. La conclusión fue más dura todavía: «Considero que no se cuenta con las condiciones necesarias para la elaboración de los indicadores de pobreza e indigencia del primer semestre de 2007, con las características de rigurosidad técnica con que siempre se ha trabajado».
Este polémico memorando confirma la profundidad de la crisis que atraviesa el INDEC, cuyos coletazos le provocan al kirchnerismo , en términos de opinión pública, más pérdidas que las magras ganancias que arrojan números tan «positivos» como escasamente creíbles. Peor aún: la crisis ni siquiera pudo frenarse con la pérdida de poder de Beatriz Paglieri, la apadrinada por Guillermo Moreno, y la llegada de Alejandro Barrios, con el aval de Felisa Miceli, a la dirección general del instituto.
La razón de esta crisis interminable es que las conducciones pasan, pero los problemas de fondo siguen. Barrios llegó con la promesa de «rejerarquizar el INDEC», terminar con la precaria situación laboral de los contratados e impulsar cambios metodológicas. Pero cuando le preguntaron por Paglieri, cabeza visible de un IPC en el que ya nadie cree, respondió «podemos rodearla de gente competente pero no reemplazarla, porque eso sería una derrota para el Presidente, algo inaceptable en un año electoral».
Este ex gremialista de ATE, que se presentó como «delegado del Presidente Kirchner y la ministra Miceli», comenzó con un discurso plagado de buenas intenciones, pero en su primera intervención ante los trabajadores del organismo admitió su imposibilidad política de modificar la situación. Con el IPC definitivamente intervenido, pero los otros números relativamente en orden, Barrios logró durante algunas semanas lo que se pretendía de él: bajar el perfil público del organismo para que su credibilidad se recuperara o, por lo menos, no siguiera deteriorándose tan rápido como los bolsillos argentinos con la inflación.
INTERVENCIÓN Y APRETADAS. Pero la idea de que Barrios era agente de cambio terminó cuando había que elaborar otro índice políticamente sensible: el de pobreza (que dentro de sí mismo contiene al de indigencia). El citado memorando de Pok, metodológicamente incuestionable, fue contestado «a lo Moreno». Como antes se había echado a las funcionarias que se negaban a elaborar números cuestionables(Bevacqua y Trabuchi), esta vez se hizo lo mismo con Pok, una socióloga que ejercía la dirección de la EPH desde hace varios años.
Excusa y relevo fueron calcados del «caso Bevacqua». En cuanto a la primera, para ambas mujeres se aprovechó que no habían sido confirmadas en sus puestos, aunque los ejercieran desde hace años. Pok estaba «a cargo del despacho». Los relevos se realizaron por decreto. Pok fue reemplazada el 5 de julio, tres días después de su memorando, por Luis Fara, nombrado mediante el decreto presidencial 870.
Fara fue designado «transitoriamente», según el propio decreto, por 180 días. Pero la precariedad legal de su situación no lo asustó para ejercer el estilo que popularizó Moreno. Durante sus primeras horas al frente de la EPH, resistido por los cerca de 100 empleados de esa área y con Pok ocupando todavía su escritorio, Fara ahorró elipsis y metáforas: «Al que no le gusta aquello que le piden, que se vaya de esta oficina».
Continúa
De fondo, subsiste la idea de que la «apretada» es universalmente útil. «Si funcionó para que Shell no suba el precio de los combustibles, también para que se vaya Antonio Mata de Aerolíneas Argentinas, y otras empresas privadas, por qué no en el INDEC», razona, con una lógica tan elemental que asombra, un funcionario de la Casa Rosada. La diferencia, en el caso de los números, es que su falseamiento puede ocultar la realidad, pero difícilmente modificarla. Si la inflación es del 15% y no del 8 a 9%, la suba en el precio de alimentos fabrica más pobres cada día, y las negociaciones de salarios desconocen el IPC oficial por falta de credibilidad, generar un «INDEC de Yrigoyen» no es la solución.
ERROR DE CÁLCULO. El INDEC está a punto de transformarse, como el tema energético, en uno de los peores «negocios» políticos de la administración Kirchner. Con un agravante: la evidencia de los errores madura más rápido. Si la falta de inversión en generación energética tardó tres años en hacerse notar, y necesitó para ello del más crudo invierno de los últimos 15 años; la manipulación de los números del INDEC, en cambio, fue un escándalo inmediato.
El primer y sonoro paso fue la manipulación del IPC de enero. Con los precios del turismo, las prepagas y alimentos subiendo a ritmo vertiginoso, la apuesta del Gobierno fue tapar el sol con un dedo. Gracias a la autoría intelectual de Moreno, y la implementación material de su delegada Paglieri, la inflación de enero consideró que en turismo se aplicaban los precios convenidos mediante acuerdos (y no los que realmente pagaban los veraneantes), que lo mismo ocurría en la medicina prepaga (aunque ese mes su tarifas subieron 22%) y que las subas estacionales de alimentos frescos casi no habían existido.
Durante el último enero, tan caluroso en el clima como en los precios, la inflación oficial fue de 1,1%. En la edición del 3 de febrero, FORTUNA informó que «sin retoques, la inflación real del mes llega a 2,1%, según confirmaron fuentes del organismo a cargo del relevamiento». Para ese momento, el Operativo Moreno había comenzado, y no se detuvo en la manipulación de los indicadores clave para ese mes. Y fueron por más: listados de los comercios incluidos en el IPC (para que informen precios «amigables»), intervención sobre la planilla que contenía los valores de los bienes y servicios del índice (para borrar números altos y reemplazarlos por otros más bajos), “sugerencias duras” a los encuestadores que relevan la inflación.
A partir de la allí, en el INDEC comenzó a escribirse una historia que ni los más pesimistas de sus profesionales hubieran imaginado. Los mismos que habían sobrevivido las bravuconadas de la dictadura militar, enfrentado las quejas del alfonsinismo durante la hiperinflación, «bancado» presiones frente a Cavallo y enfrentado a un ascendente Lavagna en 2003; presenciaron lo que –según ellos– nunca había ocurrido desde 1960, cuando se fundó el organismo: la manipulación de un indicador. Lo más cercano que habían presenciado era la creación de índices paralelos alentados desde el Ministerio de Economía (la inflación «descarnada» de Martínez de Hoz, un índice de pobreza en la Era Lavagna), pero nunca la sangre había llegado al río.
En la citada edición de FORTUNA se anticipó cómo se profundizaría la tendencia inaugurada por el kirchnerismo. Además de Graciela Bevacqua, reemplazada por Paglieri, ya se hablaba de «otra candidata a tomarse vacaciones obligatorias: Clyde Trabuchi, directora de Estadísticas de Condiciones de Vida. Si el doble Bevacqua-Trabuchi se confirma, el Gobienro pondrá gente propia a medir los índices de inflación y pobreza, los que más impactan sobre la opinión pública y el humor social».
Claro que, en un juego de azar, el jugador arriesgado también puede perder todas sus fichas, y hasta quedar debiéndole a la banca. Lo que ocurrió con la intervención en el INDEC. En abril, cuando llegó la queja presidencial porque «el INDEC no sale de la tapa de los diarios», la decisión fue barajar y dar de vuelta con la designación de Barrios. Salió Moreno, entró Felisa.
Pero la «intervención» se mantiene y suma nuevos capítulos a su historia. El pasado jueves 12, cuando se realizaba el enésimo abrazo simbólico al edificio del organismo, el fiscal Carlos Stornelli pidió la citación de Guillermo Moreno. En una mismo día, la polémica por el primer número manipulado se potenciaba con la protesta del último desplazamiento. Moreno y Miceli, Paglieri y Barrios volvían a colocar al INDEC, simultáneamente, en el ojo del huracán.
Entre las «soluciones» que intentó el Gobierno para una inflación que crece, tampoco sirvió «matar al mensajero», metáfora que se hizo carne en los casos de Bevacqua, Trabuchi y Pok. El mensaje sigue siendo el mismo, y su correspondencia con la realidad también. La intervención sobre el INDEC, muy probablemente, seguirá el mismo derrotero que las denuncias de corrupción sobre Miceli y Romina Picolotti, la secretaria de Medio Ambiente.
Es decir, no pagar costo político. Cuando, en realidad, quizás es más perjudicial para el Gobierno ahorrarse ese costo. En el caso del INDEC, con un agravante de la calidad institucional: no se concibe un país en el que no existan estadísticas confiables.
Fuente:Fortuna
