Human Rights Watch advierte a Kirchner por la Magistratura

Alertó en una carta que la reforma afectaría la independencia judicial WASHINGTON.– La reforma del Consejo de la Magistratura que impulsa el Gobierno afectaría, de ser aprobada, la independencia del Poder Judicial, y vulneraría el equilibrio promovido por la Constitución nacional, alertó uno de los grupos de defensa de los derechos humanos más prestigiosos del mundo.

Algunos “aspectos” del proyecto oficial “debilitarían los principios constitucionales, que son la base del Consejo y socavarían gravemente el progreso alcanzado por la Argentina, durante el actual gobierno, para fortalecer la independencia judicial y el Estado de Derecho”, destacó la organización Human Rights Watch.

La entidad planteó su “preocupación” en una carta que recibió el presidente Néstor Kirchner el jueves, con copias al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, al canciller Jorge Taiana y al embajador en esta capital, José Octavio Bordón.

Firmada por su director ejecutivo para América latina, José Miguel Vivanco, la entidad explicó que una de sus tareas “clave” es “evaluar las eventuales consecuencias de iniciativas legislativas que podrían afectar aquellas instituciones democráticas que garantizan el ejercicio de los derechos humanos, tales como la prensa libre y un poder judicial independiente”, según la copia que obtuvo LA NACION.

Human Rights Watch reconoció, no obstante, «los importantes pasos que la Argentina ha dado, gracias al liderazgo [de Kirchner] para fortalecer la independencia del Poder Judicial y el Estado de Derecho». Su liderazgo quedó claro, expuso, con la reforma del sistema de designación de los ministros que integran la Corte Suprema de Justicia, que «permitió la elección de juristas de gran prestigio, reconocidos por su independencia».

La entidad también elogió «las políticas promovidas por el Gobierno y por el Congreso para terminar con la impunidad que favoreció durante décadas a los responsables de gravísimas violaciones de los derechos humanos, ocurridas durante la dictadura», políticas que «fortalecieron el Estado de Derecho», añadió.

Sin embargo, comentó Vivanco, en el caso de la reforma del Consejo, «las soluciones propuestas implican una profunda reestructuración de este organismo, que podría debilitar la independencia judicial prevista en el orden constitucional».

La entidad es asesorada, entre otros reconocidos académicos y analistas, por los titulares del Interamerican Dialogue, Peter Hakim y Michael Shifter; por el director del centro de estudios sobre América latina de la Georgetown University y ex asesor del presidente Bill Clinton, Arturo Valenzuela, y del presidente Jimmy Carter, Robert Pastor.

Según sus registros, también integran su comité asesor periodistas como Horacio Verbitsky; la directora para la región del Wilson Center, Cynthia Arnson; los profesores de la Columbia University, Alejandro Garro, y de Harvard, Kenneth Maxwell, y el inversor financiero George Soros, entre otros.

A lo largo de las cuatro carillas, Human Rights Watch informó que teme que «el efecto combinado de las reformas propuestas es crear un sistema más politizado, menos pluralista y sin contrapesos independientes y eficaces».

La entidad apuntó a tres puntos del proyecto: «Cambia el peso relativo que tienen los distintos sectores que integran el Consejo», «elimina toda representación de los sectores pertenecientes a la segunda minoría en la Legislatura», y «cambia la norma que regula el quórum, con lo cual los seis legisladores y el representante del Poder Ejecutivo podrían sesionar solos».

«Vulnera el equilibrio»

Esto, concluyó, «vulnera el equilibrio previsto en la Constitución» y «desvirtúa el propósito que inspiró la creación del Consejo, esto es, asegurar un equilibrio y moderación en la toma de decisiones que afecten al Poder Judicial».

«Compartimos plenamente la preocupación expresada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y otros miembros de la sociedad civil -añadió-. Estas medidas adoptadas en conjunto […] redistribuyen el poder dentro del Consejo a favor del partido gobernante y el Poder Ejecutivo.»

Conocida por sus denuncias continuas contra los gobiernos más represivos del planeta, desde Cuba a Irán o China, como también por criticar a la Casa Blanca por «subordinar los derechos humanos a varios intereses políticos y económicos», según concluyó en su último reporte anual, Human Rights Watch pidió a Kirchner que modifique o vete el cuestionado proyecto.

«Las garantías previstas en la Constitución para prevenir que el Poder Judicial se politice deberían respetarse cabalmente, no solamente para impedir la interferencia política indebida, sino también para reforzar la confianza pública en la imparcialidad e independencia de la justicia», explicó.

«Las medidas propuestas para abordar el problema probablemente generen más daños que beneficios -argumentó Vivanco-. Insto a su excelencia [por Kirchner] a promover los cambios necesarios para asegurar que las disposiciones de este proyecto sean plenamente consistentes con los principios constitucionales de equilibrio y pluralismo que son de la esencia del Consejo; y que vete el proyecto si éste fuera aprobado por el Congreso en su versión actual.»

Por Hugo Alconada Mon
Corresponsal en EE.UU.

La Nacion

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