El panorama judicial de Cristina Kirchner: ¿cuántos pedidos de prisión preventiva en su contra están vigentes?

Otras prisiones preventivas que le habían dictado a partir del caso de los cuadernos penden de un hilo: o directamente se cayeron porque a la ex jefa de Estado le dictaron la falta de mérito (como sucedió con el caso de Gas Licuado, los corredores viales o los subsidios al transporte de colectivos) o están atadas al primer procesamiento inicial por asociación ilícita y cohecho a raíz de las anotaciones del chofer de Roberto Baratta.

Cuadernos

Según un relevamiento de Infobae, Bonadio ordenó prisiones preventivas en los expedientes anexados a cuadernos cada vez que procesó a la ex mandataria y sus funcionarios. Pero la Sala I de la Cámara Federal en cada uno de los pronunciamientos que respaldó a Bonadio se limitó a decir “estese» a la prisión preventiva dictada la primera vez cuando se la procesó como jefa de asociación ilícita y cohecho. Bonadio la procesó en septiembre de 2018 y la Cámara Federal confirmó esa resolución en diciembre de ese año.

Si la ex presidenta lograra revertir esa primera orden de detención en su contra, caerían todas las que se dictaron en el marco del ramillete de causas que se dispararon a partir de los cuadernos. Ahí aparecen la “cartelización” de la obra pública y el expediente de los subsidios en el transporte ferroviario, según detallaron a Infobae fuentes judiciales.

Precisamente, la defensa de la ex presidenta tendrá audiencia el próximo 28 de noviembre para disparar contra su procesamiento y prisión preventiva dictada por el juez Bonadio por el caso de los cuadernos. Será en la audiencia fijada ante la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal. Allí los abogados Carlos Beraldi y Ari Llernovoy cuestionarán las pruebas contra la ex jefa de Estado pero también volverá a insistir con el “forum shopping”, término informal que se utiliza en el mundo del derecho para denunciar que un juez se quedó con una causa que no le correspondía. En este caso, Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli instruyen el expediente por las anotaciones de Centeno por su vinculación con el caso de Gas Licuando en el que intervenían anteriormente.

“Sólo durante las dictaduras se expuso tan claramente un sistema donde los opositores al régimen no tienen derechos ni garantías constitucionales y los oficialistas toda la impunidad política, judicial y mediática”, llegó a decir la ex presidenta al criticar las causas judiciales en su contra y apuntar a Bonadio y Stornelli a los que calificó como “un verdadero dúo dinámico… pero no son ni Batman ni Robin”.

En el caso Gas Licuado, Cristina Kirchner fue desprocesada días atrás por la Cámara Federal por entender que no fue parte de esa defraudación al Estado. Se le dictó la falta de mérito, por lo que cayó su prisión preventiva y los embargos dispuestos sobre sus bienes. Los que sí quedaron con procesamiento confirmado fueron el ex ministro de Planificación Julio De Vido y su mano derecha Roberto Baratta, ambos detenidos. Sus defensas cuestionaron días atrás ante Casación la causa de los cuadernos. Incluso, De Vido aseguró que no podía estar preso en esa investigación porque nunca se había pedido su desafuero, específicamente, por ese expediente.

Memorándum

La otra causa en la que Cristina Kirchner tiene vigente una prisión preventiva es en el caso Memorándum. Es la investigación que nació con la denuncia del fiscal Alberto Nisman antes de morir, que había sido desestimada inicialmente y que fue abierta en diciembre de 2016 por orden de la Cámara Federal de Casación Penal. El expediente quedó finalmente en manos del juez Bonadio a raíz de una denuncia por “traición a la Patria” contra la ex presidenta y los legisladores que habían convalidado el Memorándum con Irán.

El 7 de diciembre de 2017 Bonadio dictó los procesamientos y prisiones preventivas de Cristina Kirchner, su ex canciller Héctor Timerman, el ex secretario Legal y Técnico de la Presidencia Carlos Zannini, el piquetero Luis D’Elía, el ex jefe de Quebracho Fernando Esteche y el asesor iraní Jorge Khalil. Fue la primera orden de detención contra la ex jefa de Estado. La Cámara Federa confirmó los procesamientos y prisiones preventivas, aunque cambió la calificación del delito a “estorbo de un acto funcional, abuso de autoridad y encubrimiento agravado”.

© Proporcionado por THX Medios S.A. El fiscal Nisman, en Amsterdam, días antes de regresar a la Argentina y ser asesinado

El pedido de desafuero enviado al Senado nunca se activó. El entonces jefe de la bancada del bloque del peronismo federal Miguel Angel Pichetto (más tarde candidato a vicepresidente en la derrotada fórmula encabezada por Mauricio Macri en octubre) rechazó analizar un desafuero sin una sentencia definitiva. El espejo del ex presidente Carlos Menem -con condena confirmada por sobresueldos y una absolución cuestionada por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador- sirvieron de antecedente para evitar una embestida contra Cristina Kirchner por sus fueros. El presidente electo Alberto Fernández también cuestiona el uso de la prisión preventiva antes de que una condena quede firme.

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la prisión preventiva de la ex presidenta en el caso Memorándum marzo pasado, al desestimar un recurso de queja de la defensa. Sin embargo, la defensa de la ex jefa de Estado estaría en condiciones de pedir desactivar esa detención si así lo solicitaran, señalan en los pasillos de Comodoro Py 2002.

Es que el Tribunal Oral Federal 8, que tendrá en sus manos el juicio oral por el caso del Memorándum, ya rechazó la aplicación de la prisión preventiva en este expediente sin causales reales de entorpecimiento o fuga. Ya en marzo de 2018, se ordenó la encarcelación de los que habían sido arrestados por orden de Bonadio, apenas tres meses antes.

“La circunstancia de que este caso tenga relevancia pública no permite, por sí, justificar la prisión preventiva del imputado”, dijo el TOF en aquel momento. Incluso la jueza Sabrina Namer -luego apartada de este proceso por pedido de la querella- y su colega Gabriela López Iñiguez, con el aval de la fiscal Gabriela Baigún, escribieron al aludir a Zannini : “estamos en presencia de una figura de gran notorieda pública, lo que disminuye su posibilidad de evadir el accionar de la justicia” y subrayó: “existen medidas menos gracias que privarlo de la libertad”

Fue así que el 24 de marzo de 2018 salieron en libertad Carlos Zannini, Luis D’Elía y Khalil. Esteche, sin embargo, no pudo salir en libertad porque tenía una condena anterior, pero sí logró su excarcelación hace un mes. Con el aval fiscal, el TOF aceptó darle la libertad, previo pago de una fianza, cuando ya se estaba a punto de cumplirse dos años de prisión preventiva sin el caso sea enviado a juicio oral.

Héctor Timerman, el ex canciller que fue indagado cuando ya estaba gravemente enfermo, no fue a la cárcel por su estado de salud. Sin embargo sí estuvo detenido en su casa. Su defensa reclamó insistentemente la excarcelación. Explicaban que el ex funcionario necesitaba viajar a Estados Unidos a tratarse. En enero de 2018, el entonces juez Sergio Torres lo liberó.

En la única declaración que el TOF llegó a tomar a pedido de la defensa, antes de dar inicio al debate y por videoconferenecia, Timerman negó haber encubierto el ataque a la AMIA e insistió en que el Memorándum fue pensado para destrabar el pantano en el que había quedado la investigación sin poder interrogar a los iraníes prófugos. Murió el 30 de diciembre de 2018. La Corte Suprema entendió ayer que resultaba “inoficioso” pronunciarse sobre el cuestionado procesamiento de Timerman a raíz de su fallecimiento.

El cese de la prisión preventiva de la ex presidenta en el caso Memorándum, en virtud del escenario planteado para el resto de los imputados, nunca se solicitó formalmente ante el Tribunal Oral.

Como senadora nacional elegida en 2017, Cristina Fernández goza de fueros parlamentarios hasta el final de su mandato, en 2023. Solo hubiera podido ser eventualmente arrestada con un pronunciamiento de la Cámara Alta. Como vicepresidenta de la Nación, gozará de las mismas inmunidades pero para perder sus fueros se requiere el aval de las dos cámaras del Congreso a través de un proceso de juicio político.

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