Es ley el nuevo Código Procesal Penal Federal: La norma entra en vigencia a partir de hoy.

La Cámara de Diputados sancionó el nuevo Código Procesal Penal Federal que introduce modificaciones a la Ley 27.063, sancionada en 2014. Esta reforma está orientada a modernizar los mecanismos de persecución penal de los delitos federales a través de la incorporación de herramientas para la investigación de ilícitos complejos como el narcotráfico, hechos de corrupción, trata de personas y crimen organizado. La norma entra en vigencia a partir de hoy.

El nuevo Código incorpora las leyes de Flagrancia, del Colaborador Eficaz, de Técnicas Especiales de Investigación, de Responsabilidad Penal Empresaria y de Ejecución de la Pena, sancionadas en los últimos años. También instaura el sistema adversarial o acusatorio que se caracteriza por una distinción de tareas que asegura un proceso más equilibrado y diferencia claramente la función de conducir la investigación (a cargo del fiscal) de la función de juzgar (responsabilidad del juez), por lo que los fiscales asumen un rol preponderante.

Se prevé que la instrumentación de la ley tomará más de cuatro años ya que se aplicará progresivamente en las jurisdicciones del norte del país, luego en las del sur y finalmente en las del centro.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, se mostró conforme con la sanción de la ley y sostuvo que aplicar este nuevo Código “permite lograr procesos más rápidos, sencillos y transparentes, e investigaciones eficaces para el juzgamiento de los delitos y la protección de los intereses de la sociedad, poniendo a la víctima en el centro del proceso”.

Por su parte, el subsecretario de Justicia y Política Criminal Juan José Benitez, señaló que el nuevo Código impulsa la gestión digital de los casos, la incorporación de tecnología y la investigación penal inteligente “fortaleciendo y modernizando las instituciones para adaptarlas a los tiempos que corren y a las necesidades de la sociedad”.

El actual proyecto de reforma surgió de reuniones con actores judiciales, instituciones y miembros de la sociedad civil, a partir de cuyo diálogo se concretó el diseño de una norma jurídica que da un papel protagónico a la víctima durante el proceso penal. Los encuentros para la discusión del proyecto estuvieron enmarcados en el Programa Justicia 2020 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

La reforma comenzará a implementarse en las jurisdicciones de Salta (que incluye las provincias de Salta y Jujuy) y Comodoro Rivadavia (Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut) y después será aplicado en las provincias del centro del país.

El nuevo Código Procesal Penal establece pasar del modelo actual, donde los jueces investigan y deciden, a uno acusatorio -más rápido y totalmente oral- en el que los fiscales tendrán más protagonismo, que además es un requisito para el ingreso de la Argentina a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El texto incorpora una docena de leyes aprobadas desde 2015 por el Congreso entre las que se encuentran la ley de flagrancia, creada para los delitos que están probados de manera indubitable; la del arrepentido, la de responsabilidad penal empresaria y la de ley de técnicas especiales de investigación, que incorpora las figuras del informante y del agente encubierto, entre otras.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, celebró la aprobación legislativa de la reforma al Código Procesal Penal, al señalar que posibilita avanzar hacia un sistema acusatorio -que diferencia la función de investigar de la de juzgar- que “permitirá una justicia más rápida y transparente”, afirmó.

“El Código Procesal Penal Federal es ley. Festejamos la aprobación que se dio gracias al trabajo de todas las fuerzas políticas. Avanzamos hacia un sistema adversarial, que permitirá una justicia más rápida y trasparente”, afirmó Garavano.

En tanto, a través de un comunicado, el Ministerio de Justicia sintetizó que las reformas aprobadas por el Congreso “modernizan los mecanismos de persecución penal de los delitos federales a través de la incorporación de herramientas para la investigación de ilícitos complejos como el narcotráfico, hechos de corrupción, trata de personas y crimen organizado”.

El nuevo Código -agrega- incorpora las leyes de Flagrancia, del Colaborador Eficaz, Técnicas Especiales de Investigación, Responsabilidad Penal Empresaria y de Ejecución de la Pena, sancionadas en los últimos años.

También instaura el sistema adversarial o acusatorio que se caracteriza por una distinción de tareas que asegura un proceso más equilibrado y diferencia claramente la función de conducir la investigación (a cargo del fiscal) de la función de juzgar (responsabilidad del juez), por lo que los fiscales asumen un rol preponderante.

El Ministerio de Justicia prevé que la instrumentación de la ley tomará más de cuatro años ya que se aplicará progresivamente en las jurisdicciones del norte del país, luego en las del sur y finalmente en las del centro.

Garavano en tanto dijo también que este nuevo Código “permite lograr procesos más rápidos, sencillos y transparentes, e investigaciones eficaces para el juzgamiento de los delitos y la protección de los intereses de la sociedad, poniendo a la víctima en el centro del proceso”.

Por su parte, el subsecretario de Justicia y Política Criminal Juan José Benitez, señaló que el nuevo Código impulsa la gestión digital de los casos, la incorporación de tecnología y la investigación penal inteligente “fortaleciendo y modernizando las instituciones para adaptarlas a los tiempos que corren y a las necesidades de la sociedad”.

El actual proyecto de reforma surgió de reuniones con actores judiciales, instituciones y miembros de la sociedad civil, a partir de cuyo diálogo se concretó el diseño de una norma jurídica que da un papel protagónico a la víctima durante el proceso penal. Los encuentros para la discusión del proyecto estuvieron enmarcados en el Programa Justicia 2020 del Ministerio de Justicia de la Nación.

El nuevo Código Procesal Penal Federal sancionado hoy por Diputados introduce modificaciones a la Ley 27.063 (Código Procesal Penal) sancionada en 2014.