Cambiemos y el peronismo acordaron autorizar a las empresas a aportar para la campaña

Mierc 07/11/18.-Con un límite por persona física o jurídica del 5% del total de los gastos permitidos a cada partido político y manteniendo la restricción a los sindicatos, Cambiemos y el PJ acordaron hoy en el Senado avanzar con el levantamiento de la prohibición a las empresas privadas de aportar al financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales .

La iniciativa promete generar polémica por la reglamentación draconiana que les impone a las encuestadoras. De sancionarse esta ley, las encuestadoras estarán obligadas a inscribirse en un registro para poder trabajar durante las campañas electorales y a difundir el nombre de la persona o partido que los contrató y el monto abonado por cada trabajo, entre otros datos.

El proyecto modifica la ley de financiamiento de los partidos políticos y cuenta con el acuerdo de la Casa Rosada, que pretende que los cambios puedan entrar en vigencia para la próxima campaña electoral. En ese sentido, la intención es que el Senado apruebe la iniciativa antes de fin de mes. La Cámara de Diputados, en tanto, debería sancionarla en los primeros meses de 2019.

El 5% de límite al aporte de una persona física o jurídica es sobre el total del gasto autorizado a cada partido o alianza por campaña electoral y surgió como cifra de consenso entre la propuesta del Poder Ejecutivo, que lo fijaba en el 2%, y el del PJ, que pretendía llevar ese techo al 15%.

El dictamen establece, además, que todos los aportes que reciban los partidos políticos sólo podrán realizarse “mediante transferencia bancaria, cheque, tarjeta de crédito o débito” y cualquier otro medio o plataforma digital que le permita a la Justicia Electoral establecer la trazabilidad de los fondos.

Otra novedad es la reducción a la mitad (del 10% al 5%) de la cuota de espacios gratuitos para propaganda electoral en los medios de comunicación. Esta medida promete generar la queja de los pequeños partidos políticos.

También anticipa polémica el artículo 15 del dictamen, que obliga a las empresas que realicen encuestas electorales a anotarse en un registro especial que estará bajo la órbita de la Cámara Nacional Electoral.

Además de establecer que sin ésa inscripción no podrán trabajar, la cláusula obliga a las consultoras a brindar un detallado informe sobre cada trabajo que realicen, en el que deberán constar el nombre de la persona o partido que las contrató, el monto que se pagó y el tipo de metodología que se usó, entre otros datos.

La obligación registral también alcanzará a las empresas de publicidad en la vía pública que quieran trabajar en una campaña electoral.

En los hechos, la principal beneficiaria del proyecto es la Cámara Nacional Electoral. Además de los registro de encuestadoras y empresas de publicidad, el tribunal tendrá a su cargo los mecanismos de control de trazabilidad de todos los aportes recibidos por las agrupaciones políticas y verá incrementado en 8 cargos el cuerpo de auditores que tiene la responsabilidad de fiscalizar los gastos de electorales.