El documento opositor apunta directamente contra Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y “todos los ministros de la Nación”, por “violación de deberes de funcionario público y abuso de autoridad, en concurso con malversación de caudales públicos y prevaricato de los funcionarios abogados del Gobierno Nacional”.
En plena feria judicial, la causa quedó radicada ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4, a cargo de Ariel Lijo.
Los denunciantes aseguran que la verdadera finalidad del DNU es “achicar el Estado, agrandar los negocios” y solicitan “la inmediata suspensión de la entrada en vigencia” a fin de que “este grave delito institucional no se consume”.
Y dicen que los cambios no requerían de un decreto. Citaron la Carta Magna: “Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos de necesidad y urgencia…”.
Siguiendo esa línea, remarcan una “contradicción”: “El propio Presidente convocó al Congreso de la Nación a sesiones extraordinarias, en las que pudo haberse dado tratamiento, como proyecto de ley, a los 192 artículos que integran el mentado DNU”, señalan.
Por último, solicitan que se disponga la habilitación de la feria y se suspenda la ejecución del DNU.
No será esta la única denuncia contra el mega decreto de Macri. La líder del GEN, Margarita Stolbizer, ya adelantó que recurrirá a la Justicia cuando termine la feria -en febrero- para pedir la revisión del documento al que consideró «un abuso de poder». «Afecta seriamente la división de poderes y vulnera derechos. Parece destinado a prescindir del Congreso», afirmó en un comunicado.
Desde el massismo también estaban ideando una estrategia para lograr su derogación, mientras que el jefe de la bancada del FPV en Diputados, Agustín Rossi, solicitará que se vote su anulación en el Congreso.
Entre los cambios más cuestionados que estipula el DNU, se incluyó una disposición por la cual, a partir de ahora,se permitirá embargar, con un límite preciso, las cuentas sueldo y se le da al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES nuevas herramientas, como la posibilidad de crear fideicomisos.
También habilita el uso de»bitrenes», camiones con doble acoplado en algunas rutas del país, que permitirían «reducir los costos logísticos en más del 20%», crea un marco regulatorio para los cuatriciclos, y facilita la exportación e importación de obras de arte.
