El Superior Tribunal de Justicia contra los municipios. Una sentencia que genera suspicacias.

Mart 12/12/17 .- A última hora de la tarde tenía en mis manos el dictamen del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, otorgándole el cobro del Impuesto Inmobiliario a la Provincia, yendo contra todos los antecedentes constitucionales, tanto nacionales como provinciales e incluso las Cartas Orgánicas Municipales. Un acto de inconstitucionalidad que viola arteramente las autonomías municipales.

La resolución es breve y no se necesita ser un Constitucionalista para darse cuenta que esto es ni más ni menos que un avasallamiento de las autonomías municipales, cuyo origen se remonta a antes de que el Territorio Nacional de Tierra del Fuego fuera provincia.

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVE:

 

1º.- ADMITIR la solicitud que formula el Dr. Eduardo S. Barcesat, en el escrito de fs. 168/171 vta., tendiente a que se admita su intervención en estas actuaciones, en calidad de amicus curiae, y DENEGAR la petición formulada en el mismo sentido a fs. 334/336 vta.

2º.- HACER lugar a la acción declarativa de certeza promovida por la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF), declarando que la Provincia de Tierra del Fuego resulta titular de las potestades constitucionales que determinaron el dictado de la ley 1075, razón por la cual se encuentra ajustada a derecho la decisión de retomar su atribución con las facultades que le resultan inherentes respecto al impuesto inmobiliario sobre todos los inmuebles ubicados en su territorio, ya sea que se encuentren en centros urbanos o zonas rurales, con el alcance dispuesto en el exordio.

3º.- DISTRIBUIR las costas por su orden (conf. art. 78.2 del CPCCLRyM).

4º.- MANDAR se registre, notifique y cumpla.

 

Registrado:  Tº 104 –  Fº 164/212

Fdo. Jueces:  Dr. Carlos Gonzalo Sagastume, Presidente STJ.; Dr. Javier Darío Muchnik, Vicepresidente STJ. y Dra. María del Carmen Battaini, Juez STJ.

Ante Mi.: Dra. Roxana Cecilia Vallejos, Secretaria SDO. STJ.-

De ahora en más los municipios perderán el equivalente a un presupuesto de obra pública, lo mismo que ocurrió cuando Fabiana Rios, les quitó el 25 % a través del pedido de declaración de certeza 648, fondos que nunca fueron ni a salud ni educación porque de echo signe estando en las mismas condiciones.

Es evidente que el poder judicial tiene una atracción muy especial por el poder de turno y por segunda vez lo demuestra en una clara connivencia con el poder político, haciendo caso omiso a la división de poderes y a su rol de contralor del estado, haciendo cumplir la Constitución Nacional, la Provincial y las cartas orgánicas municipales que claramente otorgan la potestad del cobro del impuesto inmobiliario a las municipalidades.

Pero vayamos a los detalles de lo que significa perder semejante monto de dinero en un presupuesto de 1500 millones de pesos.

Ya no habrá pavimento, no habrá plazas, no habrá centros de salud, no habrá pluviales, ni veredas, no flores en los canteros, ni ampliación de la planta de agua, todos esos fondos que cada uno de ustedes vio cómo se invertían en obras ahora ira a la provincia y no hay nada que nos asegure que habrá obras para nuestra ciudad, de hecho dentro de los 3200 millones en obras para la provincia, a Rio Grande solo le tocó un micro estadio, que no digo que no sea necesario pero hay otras prioridades.

En esta provincia ya se vienen dando cosas que nunca habían pasado, congelamiento salarial desde 2015, sin paritarias, ingreso de personal, latas y bajas que no se concretan, titularizaciones que no aparecen, aporte solidario único en el país. Y ahora como frutilla de la torta y luego de un acuerdo donde se suponía que todos trabajarían para sacar la provincia adelante, un sablazo a los municipios que los deja convertidos poco menos que en oficinas administrativas.

Estas cosas hay que decirlas, no es una crítica, es una visión distinta de lo que les cuentan algunos.

Los riograndenses, y hablo como simple ciudadano de esta ciudad, aportamos mensualmente impuestos que hemos visto trasladados en obras que están diseminadas por toda la ciudad, desde margen sur a Chacra XIII y del Barrio Policial a Parque Industrial, sin embargo de ahora en mas no podremos ni siquiera reclamar que eso se cumpla, no podremos saber a qué se destinan los fondos, el gobierno de la provincia tiene una política de información que cierra puertas a todo conocimiento de la realidad y eso es una preocupación.

Dije en mi resumen de año que el 2018 iba a ser aún más complicado que este año que se va, ahora huelgan las palabras, los hechos están a la vista, no hay nada que inventar y nada que se pueda negar. Una vez más el poder judicial ha jugado para quien tiene más poder, pero es el comienzo de una larga batalla que terminará en la Corte Suprema de Justicia, porque como miles de riograndenses no estamos dispuestos al avasallamiento de que hemos sido víctimas y que nos perjudica directamente a todos, cuando una gestión de gobierno se ve impedida de prestar servicios por una retención indebida de fondos como esta, no  perjudica al que menos tienen o al que más, sino a toda la sociedad que la habita.

Por todo esto esté falló, esta sentencia, o esta resolución genera no solos suspicacias, sino sospechas de una connivencia que provocara una crisis social sin precedentes en la provincia de Tierra del Fuego, porque se está jugando con las necesidades de la gente, con los que menos tienen, con los que necesitan servicios básicos como, agua, cloacas, pavimento, luz y gas, se esta jodiendo con la gente y de eso no se vuelve.

Armando Cabral