Río Grande.- “Con un déficit de 1.100 millones de pesos no creo que Ríos haya hecho bien las cosas”, había manifestado el legislador oficialista Ricardo Furlan a poco de asumir, cuando la nueva Legislatura daba aprobación al Presupuesto 2016, con la pesada herencia del rojo que dejaba Fabiana Ríos en las cuentas, después de ocho años de gestión.
En menos de dos años, la gestión Bertone elevó un proyecto de presupuesto que prevé un déficit de casi 7.300 millones; esto es, más del séxtuplo del rojo heredado, con el agravante de que en medio hubo medidas de ajuste como los descuentos a activos y pasivos por el fondo solidario, previstos en la ley de emergencia del IPAUSS, que vence en diciembre pero podría prorrogarse.
Bertone acumula además unos tres mil pesos de deuda interna, en gran parte por adelantos de coparticipación pedidos a nación entre 2016 y 2017, que no pudo cancelar y sigue refinanciando para el ejercicio siguiente. Y se suma la deuda externa por doscientos millones de dólares para un menú de obras todavía a la espera del llamado a licitación, más la coparticipación que sigue sin cancelar a las Municipalidades.
Cabe recordar que, tras la asunción de Bertone en diciembre de 2015, la Legislatura actual aprobó en la sesión del 30 de diciembre un presupuesto deficitario, con 1.100 millones en rojo, que sirvieron de argumento para las medidas impulsadas en enero de 2016, a fin de equilibrar las cuentas.
“Las cuentas no están en rojo sino moradas”, decía el justicialista Ricardo Furlan por entonces, aunque la ex gobernadora Ríos no había hecho uso del endeudamiento que tenía aprobado en el presupuesto anterior para emitir bonos, como sí lo hizo Bertone, y por un monto mayor en dólares.
El legislador Pablo Blanco fue consultado por FM La Isla sobre este proyecto que ingresó el 29 de agosto, un par de días antes de la fecha que establece la Constitución, pero no emitió opinión y se excusó en no haber tenido tiempo de analizarlo. Señaló que “esta semana” prevé tomar contacto con el detalle, pero confirmó que “no se va a debatir en septiembre”.
“Ya quedamos en la comisión de presupuesto que la discusión con los distintos organismos va a ser en el mes de noviembre. En septiembre ingresa el presupuesto nacional y vamos a tener un tiempo para analizarlo los legisladores. El análisis comenzará en noviembre en la comisión”, se limitó a expresar, sin ninguna observación sobre el crecimiento exponencial tanto del déficit como del endeudamiento, cuando ya Bertone había recibido una provincia en crisis casi terminal. Así las cosas, las cuentas en rojo ardiente de la provincia no entrarán en debate hasta después de sorteadas las elecciones de octubre.
De castaño a oscuro
Lo cierto es que el proyecto elevado por el Ejecutivo prevé ingresos por 23.435 millones y gastos por 30.709 millones, con un desfasaje de 7.274 millones, contra los 1.100 que recibió el actual gobierno de herencia.
Se propone más endeudamiento para la emisión de letras de tesorería por 400 millones, la toma del préstamo de ANSES por 210 millones por la devolución de la detracción errónea del 15% a las provincias, que terminan pagando intereses siendo acreedoras; el endeudamiento de 200 millones para obras y la emisión de bonos por 208 millones para pagar la deuda histórica con el ex IPAUSS.
Ante la demora en el inicio de las obras previstas en la ley 1.149, financiadas con los 200 millones de dólares en bonos colocados a comienzos de este año, el Ejecutivo pide a la Cámara que se autorice a realizar colocaciones financieras hasta que comience el desembolso del dinero a las empresas, cuando las obras se comiencen a construir. A la luz de esta solicitud, no está prevista la utilización de ese dinero inmovilizado desde comienzos de año al menos en los primeros meses del 2018, en plena temporada de construcción.
El llamado fondo solidario, que caduca a fin de año, tiene grandes chances de perpetuarse, aunque cuando se aprobó el radical Pablo Blanco había estimado que en un año se resolvería la situación del IPAUSS y no sería necesario llegar a los dos años previstos en la emergencia. Los dos años se van a cumplir y, de no haber prórroga, el Ejecutivo ya advirtió que apelará al artículo 23 de la Ley Provincial N° 1070, que contempla un aporte adicional de los organismos cuyos jubilados generen déficit a la caja provincial.
De aplicarse este artículo, no solamente deberán aportar los entes autárquicos y otros poderes del estado, como la DPE, la DPOSS, la obra social, el IPV y la Legislatura, por montos que van de los 50 a los 60 millones; sino fundamentalmente los municipios de Ushuaia y Río Grande. En el caso de la capital fueguina, la cifra supera los cien millones de pesos.
Fuente:Provincia 23
