Hablar de la reforma tributaria es negocio. Tanto que ya el propio ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, anunció que se apurarán los tiempos que se habían previsto originalmente. No se esperará hasta el año que viene, sino que inmediatamente después de las elecciones el proyecto llegará al Congreso. Tiene sentido hablar del tema, ya que el objetivo es compartido por toda la sociedad: reducir la insoportable carga impositiva, aunque se haga en dosis homeopáticas.
Además de adelantar esta iniciativa, Dujovne habló en el Council of the Americas de una economía que estará en condiciones de crecer «entre 3% y 4% por muchísimos años». El objetivo no deja a nadie sin aliento, pero resultaría toda una novedad para la Argentina. Desde 2011 que la actividad presenta la forma de un serrucho: sube en los años electorales y se desploma en el posterior, debido a la necesidad de realizar ajustes luego del despilfarro. Por eso, en los últimos seis años el crecimiento es equivalente a cero.
El Gobierno asegura que no quieren una reforma al estilo brasileña ni volver a la flexibilización de la década de 1990.
Y hacia atrás en la historia, los períodos de bonanza también fueron breves: cuatro años duró la fase expansiva de la Convertibilidad (luego sobrevino el efecto tequila en 1995 y ya nada fue lo mismo) y algo parecido sucedió durante el gobierno de Néstor Kirchner y el arranque de Cristina, hasta la crisis de las hipotecas de 2008.
Por lo tanto, el Gobierno enfrenta dos grandes desafíos: conseguir por lo menos dos años de crecimiento consecutivo (2017 y 2018), pero también plantear un horizonte más largo en donde la mejora pueda ser sostenible.
Jorge Triaca ya habló de avanzar en un blanqueo laboral para incentivar la formalización de quienes hoy trabajan en negro. Pero hacen falta también medidas para adelante.
Los ministros aseguran que «esta vez será distinto», es decir que la Argentina no volverá a las fases expansivas seguidas por la depresión, sino que en esta oportunidad las bases para el crecimiento son mucho más sólidas. El tipo de cambio flotante para amortiguar los shocks externos, un sistema financiero sin descalce de monedas, el acceso a los mercados internacionales de crédito y el sinceramiento tarifario serían algunos de esos pilares.
Pero no es suficiente. Lo más urgente, y en donde se concentran los inversores, pasa por bajar el déficit fiscal. La meta de Hacienda es ambiciosa, ya que plantea pasar de un rojo de 4,5% de este año (no incluye el ingreso extraordinario del sinceramiento fiscal) a 3,2% el año próximo. El objetivo se lograría con una mezcla de reducción de subsidios (es decir suba de tarifas), crecimiento económico y tope al aumento del gasto en relación a la inflación.
Pero si reducir el rojo fiscal es imprescindible, no es la única condición para aspirar al crecimiento sostenido. Y ahí es donde aparecen las famosas reformas «estructurales» o de «segunda generación». Fue uno de los temas favoritos del FMI allá a fines de la década de 1990 para salvar la Convertibilidad. Y era la forma de plantear los desafíos competitivos que enfrentaba por entonces la Argentina en un esquema de rigidez cambiaria extrema.
El panorama no es muy distinto ahora. Aún con un tipo de cambio flexible, hacen falta otras medidas para mejorar la competitividad. Subir el dólar artificialmente no sirve, porque automáticamente generaría más inflación.
Ahí es donde surge en agenda la reforma laboral, que todos reconocen pero que nadie quiere poner sobre la mesa. Inmediatamente surgen los fantasmas de la precarización o flexibilización. En la discusión siempre aparecen las grandes empresas como las supuestas ganadoras, mientras que los trabajadores quedarían totalmente desamparados.
Mauricio Macri procura imponer el tema indirectamente, a través de las críticas cada vez más fuertes a la cúpula de la CGT. Acusa a los sindicalistas de defender un modelo relacionado con una economía de hace 50 o incluso 100 años, pero que no tiene nada que ver con la actual. Pero la resistencia es grande. El propio ministro de Trabajo, Jorge Triaca, tuvo que salir a aclarar que la reforma laboral aprobada hace pocas semanas en Brasil «no es un espejo» para la Argentina. Y también se niega una vuelta al modelo de flexibilización de la década de 1990. Pero tampoco se explicita cuál sería el plan.
Ya hace un par de meses, ante una auditorio repleto de hombres de negocios, Macri había despotricado por la «industria del juicio», en referencia a las demandas laborales que han llegado incluso a liquidar pequeñas y medianas empresas.
Los empresarios no dudaron en abrir la discusión en el marco del Council. Jorge Di Fiori, titular de la Cámara Argentina de Comercio, y Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la UIA y titular de Copal, fueron los que abiertamente abrieron la discusión. «Es imposible que el país crezca y genere empleo con las leyes laborales de hoy».
Funes de Rioja es, además, uno de los abogados laboralistas más reconocidos de la Argentina. Y no es casualidad que se haya transformado en el abanderado de la causa. Él se ocupó de plantear cuál es la hoja de ruta que imaginan los empresarios sobre este tema. Los planteos centrales son los siguientes:
1.Rebaja de los aportes patronales: La sobrecarga sobre un salario de bolsillo que hoy reciben los trabajadores supera el 60% y en algunos casos llega al 80%. Representa un enorme desincentivo para blanquear personal.
2.Flexiblizar las condiciones de despido: Con un régimen extremadamente duro para la empresa que echa a un empleado, resulta muy difícil atreverse a incorporar personal. Pero es uno de los temas más resistidos por el sindicalismo.
3.Descentralizar las negociaciones colectivas, permitiendo incluso que se haga empresa por empresa. La reforma brasileña aprobada hace pocas semanas fue todavía más allá. Establece que un acuerdo directo entre el trabajador y la empresa estará por encima de cualquier otro convenio laboral.
4.Mayor penalización para conductas laborales que complican el normal funcionamiento de las empresas, como el ausentismo.
El único dato concreto sobre los cambios en el mercado laboral lo aportó Triaca hace ya varios meses, cuando habló de un blanqueo para el sector, con un espíritu parecido al sinceramiento fiscal lanzado exitosamente el año pasado. Este nuevo blanqueo apunta a que una cantidad de empleados que hoy están negro (representan cerca del 35% de los trabajadores totales) puedan incorporarse a la economía formal, consiguiendo cobertura médica y aportes jubilatorios. Pero ese plan estaría destinado al fracaso si al mismo tiempo no va acompañado de un cambio de fondo en las reglas laborales.
