Bozal jurídico una nueva práctica para silenciar reclamos.

Sab 16/07/16 .-Hace unos días atrás la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Tierra del Fuego le envió una nota al intendente de Rio Grande Gustavo Melella a raíz de las declaraciones de este respecto de la actuación de un juez de Rio Grande que reintegró una vivienda social a una persona que jamás la había utilizado y que además tenía como antecedente haber vendido un departamento que le había otorgado el IPV, también por supuesta necesidad de la misma.

La nota firmada por el residente de la mencionada entidad, Dr. De Martino,  es lisa y llanamente un bozal jurídico a un funcionario votado democráticamente por el 54% de la ciudad de Rio Grande y tiene todo el derecho por mandato constitucional de decir lo que crea conveniente en defensa de la sociedad y las instituciones que la conforman, para eso es el representante de más alto rango de la ciudad y su representante ante la provincia y la nación en cada acto que le compete.

De Martino es apenas el presidente de una corporación que indudablemente ha sido mandado a hacer un operativo mediático por aquellos a los que no les conviene que se los ponga en tela de juicio ante una connivencia manifiesta con el poder de turno y la confirmación de esto es que después de 21 años de gestiones, municipales está es la primera vez que antes de notificar a quien se le va a enviar una nota en esos términos, se la envía a los medios, y como si esto no fuera suficiente, redoblan la apuesta y también después de 25 años de provincia por primera vez se ordena un allanamiento que primero aparece en la tapa de los medios y se realiza 3 hs después.

Coincido con que es una vergüenza el accionar de determinado sector de la justicia y mucho peor el de los que se prestan a generar más desconfianza y dudas sobre su accionar, pero lo que más me preocupa como trabajador de los medios de comunicación es la violación a la libertad de expresión, porque si mandan a un intendente a callarse la boca después vendrán por nosotros y tengo todo el derecho a sospechar que así será.

La colaboración desembozada de un sector de la justicia con el brutal,  y hasta ahora,  injustificado ajuste en la provincia me evita mayores comentarios, nadie ha podido comprobar los beneficios del mismo y la justicia ni siquiera se lo cuestiona.

Es una etapa de oscurantismo a la que no estamos acostumbrados pero que debe ponernos en alerta a los ciudadanos comunes, porque para algunos funcionarios denunciar ya se sabe cómo termina.

Habrá que estar atentos o nos pondrán un bozal a nosotros también?

Armando Cabral

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