“En primer término, es importante aclarar que las modificaciones presupuestarias que se llevaron a cabo con relación al Poder Judicial son resorte exclusivo del Poder Legislativo y no del Ejecutivo, quien no tiene ningún tipo de injerencia” dijo Aramburu, aunque “esto no significa que el Gobierno no comparta lo que haya hecho el Poder Legislativo, porque es importante dejarle claro a la comunidad que no se trataba de un recorte del presupuesto, sino que no se le autorizaron mayores ingresos que el Poder Judicial estaba previendo”.
En cuánto a los argumentos esgrimidos en las acordadas emitidas por el Superior Tribunal declarando la inconstitucionalidad del Presupuesto, el Ministro señaló que “no comparto los términos desde lo jurídico y mucho menos desde lo político, porque tras la figura de la intangibilidad y de la posibilidad que tiene el Poder Judicial de fijar su propio presupuesto, no pueden desconocer la realidad económica de la provincia”.