IMPUGNAREMOS A SCIOLI SI SE CANDIDATEA

“En caso de concretarse la presentación de la candidatura a diputado nacional de Daniel Scioli, la UCR lo impugnará por estafa”, adelantó el titular de la UCR, Gerardo Morales, quien calificó de “patética” la actitud del gobernador bonaerense de considerar la posibilidad de competir por una banca en el Congreso en las próximas elecciones nacionales.

“El Pacto de San José de Costa Rica, tratado con rango constitucional, establece que las elecciones deben ser auténticas”, explicó al respecto el jefe de los equipos técnicos de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, quien agregó que “es una estafa al pueblo de la Nación que un funcionario en pleno ejercicio de su cargo, en este caso el Gobernador, se presente como candidato pero advirtiendo que no asumirá su banca en caso de ganarla en las elecciones”.

Morales señaló que “el kirchnerismo defrauda la soberanía del pueblo cuando incita al gobernador y los intendentes a integrar las listas de legisladores aún cuando de antemano avisan que no ocuparán esos cargos, sino que lo hacen solo para traccionar votos”. “No se puede integrar una lista de candidatos cuando luego no se va a cumplir con ese cargo para el cual el pueblo votó. Es u fraude”, añadió el senador nacional.

“Es claramente una maniobra para tergiversar las elecciones libres –destacó Morales-. Por lo tanto, de producirse las candidaturas del gobernador Scioli o de intendentes en funciones, la UCR va a impugnarlas en la Justicia Electoral.”

“Los pactos internacionales han sido incluidos en la Constitución nacional para ser cumplirlos y hacerlos cumplir. Por eso, estamos recolectando antecedentes para observar las candidaturas si las mismas se concretan”, abundó el constitucionalista Gil Lavedra.

“Esta jugada desesperada es un ataque a las instituciones”, dijo Morales. “Daniel Scioli esta anunciando que deja el gobierno a fin de año, asumiendo su propia ineficacia. Admite que no puede con los problemas de la provincia”, analizó Morales.

“El vecino de Buenos Aires debe estar preguntándose sobre la continuidad de las políticas públicas supuestamente implementadas por el gobierno provincial. Se abre una gran incertidumbre”, destacó Morales quien advirtió que “los bonaerenses se van a quedar sin gobernador en diciembre próximo”.

El senador nacional analizó que “la gran irresponsabilidad de Scioli, y obviamente de Néstor Kirchner quien lo promueve, se relaciona también con la rol y la investidura de la gobernación como poder unipersonal. No estamos hablando de un cuerpo colegiado”.

“El gobernador, como los últimos mandatarios provinciales, sigue claudicante frente al kirchnerismo y la estructura pura y dura del peronismo boneaerense, no reclama los recursos que le corresponden para invertir en soluciones para la inseguridad, la educación o la salud que están en una profunda crisis y, encima, ahora anuncia que dejará el gobierno para sostener un proyecto de poder autoritario”, explicó. “¿Qué pueden esperar los bonaerenses?”, se preguntó Morales.

El senador nacional finalmente alentó a que “el gobernador Scioli se ponga las pilas en defender al pueblo de su provincia frente al destrato del gobierno nacional. Estamos ante la prueba cabal de que lejos de ser un gobernador autónomo de una provincia autónoma, Daniel Scioli es un funcionario a tiro del poder”.

PACTO DE SAN JOSE DE COSTA RICA
Artículo 23. Derechos Políticos
1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:
a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;
b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y
c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.
2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.

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