El primer contratiempo que lo afectó se originó en el propio gabinete. Está referido a un tema maldito, de esos que suelen llevar para siempre a su casa –o a los tribunales– a quienes ocupan la planta baja de la Casa Rosada: la confección de documentación personal. En este caso, de pasaportes.
Un mes después de ser designado, Fernández se abrazó a una tesis muy simpática para la mentalidad promedio de la actual administración. El Estado estaba en condiciones de fabricar, a través de la Casa de Moneda, los documentos personales que proveen las empresas privadas gracias a licitaciones siempre sospechosas. Ese discurso no sólo era un homenaje a la nueva valorización del Estado que llegó al poder con Kirchner. También atacaba un flanco más objetivo en el caso de los pasaportes: la firma que tiene a su cargo su confección, Ciccone Calcográfica, es objeto de impugnaciones desde que consiguió su primer contrato. Por un lado, por sus no claras relaciones con funcionarios de varios gobiernos, desde los de Carlos Menem, Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde, hasta el de Carlos Ruckauf en la provincia de Buenos Aires. Por otro, debido al deterioro en la calidad de las libretas, acaso una consecuencia de la situación de la compañía, que en 2003 se presentó en concurso de acreedores.
En el contexto de estas deficiencias, Interior suscribió con la Casa de Moneda un acuerdo para la fabricación de 200.000 pasaportes, en congruencia con declaraciones de Fernández, de junio de 2003, en favor del papel del Estado en el negocio.
La fisura a este planteo apareció donde nadie la esperaba: en el Ministerio de Economía. La Secretaría de Industria, a cargo de Miguel Peirano, abrió el expediente N S01: 0171702/07 a raíz de un pedido de exportación temporal que formuló la Casa de Moneda. Por esa solicitud, el organismo que se había comprometido a confeccionar los pasaportes pretendía enviar a Chile los insumos para esa tarea y reimportarlos luego en forma de libretas ya confeccionadas.
Era mejor que esa subcontratación no tomara estado público, claro. Pero ayer LA NACION realizó consultas en el Ministerio del Interior respecto de la subcontratación que prepara la Casa de Moneda para cumplir con el contrato. Se encargó de contestar el jefe de la Policía Federal, comisario general Néstor Vallecca, por el vocero del ministro. Según Vallecca, no es del interés de la fuerza conocer de qué manera su contratista cumple con la confección de los pasaportes. Una respuesta por lo menos curiosa, ya que es el Estado, por su policía, quien garantiza al exterior la calidad de la documentación personal que emite.
Frente a la solicitud de la Casa de Moneda para exportar el material con que deben realizarse los pasaportes, Industria siguió el procedimiento de rutina. Envió la Nota N 10.998 a la cámara de fabricantes del sector, preguntando si en el país existen compañías capaces de completar los trabajos para los cuales se exportarían los insumos. Fernando Leiro, el presidente de la Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines, respondió el último 24 de mayo, en una nota a la que tuvo acceso LA NACION, que «existen cuatro empresas en condiciones técnicas de realizar el trabajo desde el punto de vista técnico y con las garantías de seguridad que entendemos exigirán al oferente». Esta información llegó por la vía jerárquica a la mesa de Kirchner.
Hasta anoche era imposible contactar al presidente de la Casa de Moneda, Osvaldo Mazzucchi. Pero desde esa institución se pronunció uno de sus directores, Ricardo García Blaya, según quien «todavía no se firmó ningún contrato con Interior y lo único que existe es un presupuesto que se envió para realizar 200.000 pasaportes a los que se recurriría si la empresa Ciccone no presta los servicios adecuados». El argumento de García Blaya es razonable. ¿Cómo se va a firmar un contrato si todavía Economía no autorizó la exportación transitoria para la subcontratación?
La consigna por la cual el Estado recuperaría otra de sus capacidades chocó contra una limitación difícil de ocultar, para irritación del Presidente y alegría de los controvertidos hermanos Ciccone. Arraigados desde 1996 en los negocios de identificación de personas, estos empresarios encontraron en el ministro y sus torpezas un auxilio con el que ya no contaban. Y, a diferencia de otros gobiernos y funcionarios, esta vez fue gratis.
Los argumentos que se escuchan en relación con esta compra de pasaportes son inquietantes. Entre ellos, el de la necesidad de adquirir libretas «de emergencia» por si la compañía que está obligada a realizarlas no puede cumplir con el contrato. Lo que es muy verosímil. Además, se realizan adjudicaciones directas que pueden derivar en contrataciones a terceros, en este caso extranjeros, para realizar una documentación cuya seguridad es, acaso, una de las muy pocas expectativas que la comunidad internacional tiene cifradas en el Estado argentino. Todo con aparente desconocimiento de la policía.
Aun así, desde Interior se continuaría con la operación. El subsecretario de Coordinación del ministerio, Lucas Gancerain, urgió al jefe de la Policía Federal para que le remitiera la orden de compra de la Casa de Moneda y así concretar la adquisición. Vallecca se vio imposibilitado de cumplir con el pedido: al parecer su director de Finanzas, el comisario mayor Luis Chacoma, planteó reticencias a suscribir esa documentación. ¿Amenazó con pedir el pase a retiro si alguien lo obligaba? Es una versión insistente en el Departamento de Policía, pero imposible de verificar, al menos hasta ahora. La película está hoy detenida en esa escena.
Compra de patrulleros
El entredicho de los pasaportes no es el único que afecta a Fernández en el peor momento, cuando la ciudadanía de Buenos Aires es invitada a opinar sobre la inseguridad y la mejor forma de combatirla. Los porteños fueron invitados a pronunciarse, el próximo 24, junto con la elección definitiva de su jefe de gobierno, sobre el mejor sistema de seguridad que prefieren para la ciudad autónoma. Esto incluye, claro, la ventaja o no de confiar la tarea a la Policía Federal. El viernes pasado, por lo menos dos miembros de la plana mayor de la institución pidieron el pase a retiro. Hasta ese día habían sido el jefe de Contrataciones, comisario Claudio Ellera, y el jefe de Contaduría, Miguel Angel Batalla.
Una versión afirmaba hasta anoche que también había renunciado el jefe de la División Automotores, Carlos Alfredo del Prato. Las razones de su salida son todavía una incógnita. Pero una versión extraoficial, secreto a voces entre los uniformados, la atribuye a un conflicto con Interior en torno a la licitación pública 11/06 por la compra de 320 patrulleros de marca Chevrolet Corsa a un precio total de 19.172.480 pesos, es decir, casi 60.000 pesos por unidad. La provisión de esos autos ya fue adjudicada a la firma San Jorge, pero los oficiales que pasaron a retiro no estarían dispuestos a refrendar la documentación que consumaría la operación. La resistencia de estos comisarios se debería al costo del blindaje de los coches, aspecto en el cual justificarían precios tan elevados los funcionarios que aprobaron todo el trámite licitatorio.
El comisario Vallecca hizo saber anoche que conocía sólo el pase a retiro de dos de esos oficiales, Ellera y Batalla, pero lo atribuyó a razones salariales, según dijo a LA NACION el vocero del ministro del Interior.
La relación de Aníbal Fernández con los Kirchner nunca fue de intimidad. Si la primera dama llega a reemplazar a su esposo en la Casa Rosada, el del Interior es el ministro con más posibilidades de abandonar el gabinete. El Presidente, en cambio, practicó siempre una política de personal muy conservadora. Pero hoy su relación con Fernández no podría ser peor, como quedó demostrado en el decreto de expulsión de Fulvio Madaro y Néstor Ulloa. En sus considerandos, se consignó una conversación entre Fernández y Stornelli, lo que garantizó al ministro que nadie lo busque en adelante como confidente. Tal vez ese castigo valió tanto como la expulsión.
Por Carlos Pagni
Para LA NACION
