Los senadores opositores Gerardo Morales y Ernesto Sanz formularon la presentación ante la Cámara Federal, argumentando que «el INDEC es fundamental para la marcha de la economía» por lo que rechazaron que «un grupo de funcionarios que hacen del apriete su principal acción de gobierno, desmantelen el organismo».
«Venimos a solicitar la intervención judicial del INDEC, a fin de que el funcionario designado por un juez garantice la transparencia de la labor desarrollada por el organismo a través de la adecuada información de la metodología utilizada al momento de procesar y elaborar los índices», reclama la presentación.
En ese mismo orden, los senadores radicales sostuvieron que el interventor judicial deberá procurar «la normalización de los métodos utilizados para el nombramiento y promoción del personal técnico, haciendo cumplir las disposiciones de la ley, y que se efectivice la protección del secreto estadístico».
Sanz y Morales resumieron que la actual titular del INDEC, Beatriz Paglieri, es en realidad una «delegada de la ministra de Economía, Felisa Miceli, y del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno».
Según los legisladores, fue designada «cuando la cruzada antiinflacionaria y su política de control de precios, a través de aprietes a los empresarios, impulsada por el Gobierno nacional es un verdadero fracaso».
Tras describir la seguidilla de renuncias de funcionarios de carrera del organismo, Sanz y Morales denunciaron que Paglieri designó a «tres nuevos agentes completamente ajenos al INDEC, como ingresadores de datos», uno de ellos su ex custodio y chofer.
«Ninguno de ellos acreditó experiencia en tareas similares, como lo requiere el artículo 30º del decreto 3110/70, que dispone: ‘el personal técnico del INDEC sólo podrá ser nombrado previo concurso de oposición y/o antecedentes ante un jurado presidido por el Director'», añadieron.
«La adulteración de la base de datos del Indice de Precios al Consumidor (IPC) es un hecho sumamente grave… Mediante la falsificación y manipulación de datos estadísticos se está tergiversando la información real, que se obtiene a través de la labor de los encuestadores, sobre las fluctuaciones económico-sociales», destacaron los legisladores.
En ese contexto, advirtieron que «cerca de la mitad de la deuda pública se ajusta por el CER. Cada punto de inflación incrementa la deuda pública en unos 1700 millones de pesos, prácticamente el monto del superávit fiscal mensual, de aquí la urgencia oficial en bajar el índice de precios al consumidor a lo que dé».
Fuente: DyN
