Denuncian graves irregularidades en la concesión de los aeropuertos

El fiscal Garrido pidió al Congreso y al Gobierno frenar el contrato de AA2000 La renegociación del contrato de concesión entre el Gobierno y la empresa Aeropuertos Argentina 2000 (AA 2000) amenaza con convertirse en un escándalo para la Casa Rosada, con denuncias de irregularidades y varios funcionarios públicos involucrados.

El fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, denunció el viernes que el nuevo contrato de concesión de 32 aeropuertos (entre ellos, los más importantes del país) beneficia de manera “exorbitante” a AA 2000, firma que, advierte, incumplió en forma “constante y palmaria” las obligaciones que asumió cuando ganó la licitación.

Por ello, Garrido pidió al Poder Ejecutivo y al Congreso que procuraran frenar el contrato de renegociación, al que sólo le falta la firma del presidente Kirchner para que entre en vigor.

El Gobierno prefirió no opinar del tema. LA NACION intentó comunicarse con el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, pero no obtuvo respuesta del funcionario.

Voceros de AA2000 –cuyo principal accionista es el empresario Eduardo Eurnekian– desestimaron la denuncia de Garrido y dijeron que “lo único que busca es llamar la atención sobre su organismo, porque la renegociación fue absolutamente transparente” (de lo que se informa por separado).

Según la presentación del fiscal, la empresa violó “burdamente” sus principales deberes: adeuda más de 1900 millones de pesos por cánones impagos e incurrió en un “total incumplimiento” del plan de inversiones al que se había comprometido.

“Existían sobrados elementos que le hubieran permitido al Estado rescindir el contrato por culpa del concesionario y ejecutar las garantías”, dijo el fiscal.

Pero el Gobierno no lo hizo. Por el contrario, decidió asociarse con la concesionaria para la explotación de los aeropuertos: le condonará la deuda y, a cambio, se quedará con el 20% del paquete accionario. Según la investigación de Garrido, este contrato implica una «claudicación injustificada por parte del Estado», que no castiga los incumplimientos de la empresa y le garantiza a la compañía una rentabilidad que será «a todas luces exorbitante».

De acuerdo con lo pactado, la tasa interna de retorno (índice que determina las ganancias) será de 16,46 por ciento, «más alta que la que se ha previsto en la mayoría de los contratos recientemente renegociados o suscriptos por el Estado», sostiene la denuncia.

Coincidencia

Varios elementos de la renegociación favorecen a AA2000, según la investigación de Garrido, que coincide con un informe que acaba de terminar la Auditoría General de la Nación (organismo que depende del Congreso y que tiene a su cargo el control externo del sector público).

El primero es que, a los efectos de renegociar el contrato, se fijó un monto de deuda mucho menor que el real (se disminuyó en casi 800 millones); el segundo, que se reducirán las inversiones por realizarse y el tercero, que parte de esas inversiones las solventará el nuevo socio: el Estado nacional.

Las pautas del nuevo contrato fueron fijadas en un acta acuerdo por Aeropuertos Argentina 2000 y por la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (Uniren), que presiden el ministro de Planificación, Julio De Vido, y la ministra de Economía, Felisa Miceli. El 13 del mes último, el Congreso convalidó ese acuerdo. Pese a la resistencia de la oposición, el kirchnerismo lo defendió y las dos cámaras lo ratificaron (ver aparte).

Para evitar que el nuevo contrato entre en vigor, Garrido preparó este informe con los resultados de su investigación, al que tuvo acceso LA NACION. Los remitió al procurador del Tesoro de la Nación (dependiente del Poder Ejecutivo), a los presidentes de las cámaras del Congreso y al titular de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas. A todos ellos les solicitó que procuraran frenar el nuevo contrato y evitar así el dictado de un «posible acto viciado».

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado y principal referente del kirchnerismo en la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas por la ley de Emergencia Económica, Jorge Capitanich, desestimó la denuncia.

«No creo que pase nada; la denuncia de Garrido no es consistente porque, además, el contrato tiene razones fundadas en dictámenes de la Sigen, la Procuración General del Tesoro y de la Comisión Bicameral», dijo.

«La continuidad o la rescisión del contrato es una decisión política», dijo a LA NACION el legislador, tras lo cual negó que se haya condonado algún tipo de deuda a la concesionaria. «El incumplimiento de las inversiones comprometidas se recalculó y se incluyeron en el nuevo contrato», agregó.

El escrito de la fiscalía relata que en 1998 AA2000 resultó adjudicataria de la concesión de los 32 principales aeropuertos del país. Había ofrecido pagar un canon anual de 171 millones de dólares y llevar adelante un agresivo plan de inversiones en infraestructura aeroportuaria.

Sin embargo, siempre de acuerdo con esta denuncia, inmediatamente después de haber ganado la licitación, manifestó su intención de renegociar el contrato para reducir el monto del canon anual y asumió una actitud «absolutamente beligerante».

Garrido acusa a AA2000 de haber incumplido deliberadamente sus obligaciones «como un modo de presión para obtener la renegociación que desde el inicio de la concesión ha intentado conseguir».

Habían pasado apenas tres años y el concesionario ya estaba en flagrante incumplimiento, según este informe. En ese período la empresa había hecho menos del seis por ciento de las inversiones prometidas. La Sindicatura General de la Nación y la Auditoría advirtieron varias veces que era preciso intimar y emplazar al concesionario para que cumpliera y, si no lo hacía, rescindir el contrato -explica la denuncia-, pero no hubo sanciones. A mediados del año pasado, el Gobierno y la empresa acordaron la renegociación.

Este replanteo de las pautas es por sí mismo una irregularidad, según la fiscalía. Es que le renegociación está autorizada por ley sólo ante determinadas circunstancias excepcionales. Y si bien en este caso se invocó la emergencia económica, no se demostró que la crisis hubiera perjudicado a AA2000.

Por el contrario, la empresa pesificó sus obligaciones y dolarizó la mayor parte de sus ingresos, explica el informe. Según el fiscal, está acreditado que los incumplimientos «históricos, graves y constantes» no tuvieron relación con la devaluación.

Por Paz Rodríguez Niell
De la Redacción de LA NACION

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