Prohíben la fabricación y el ingreso al país de pilas tóxicas

Son las que se venden a muy bajo precio, duran poco y contaminan mucho. Es la primera vez que se regula el tema en la Argentina. Ahora, todas deberán tener una etiqueta con la certificación oficial. Por primera vez la Argentina estrena una ley nacional que regula la importación y elaboración de pilas que contienen un alto porcentaje de metales tóxicos y contaminantes. La norma frena el ingreso al país, y también la fabricación, de pilas que se venden a muy bajo precio en puestos ambulantes y medios de transporte y que contienen más mercurio, cadmio y plomo que lo admitido.

Se trata de la ley 26.184, que entró en vigencia el 29 de enero: prohíbe «la fabricación, ensamblado e importación de pilas y baterías primarias, con forma cilíndrica o de prisma, comunes de carbón zinc y alcalinas de manganeso, que contengan más de 0,0005% de mercurio, 0,0015% de cadmio y 0,2% de plomo».

Eso sí, esta norma no frena la venta de las pilas que ya entraron al país. Establece que recién se prohibirá su comercialización en 2010, tres años después de la promulgación de la ley. Además, fija un procedimiento de certificación que estará a cargo del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Y en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable aseguran que en los próximos meses todas las pilas que se vendan en el mercado deberán tener la etiqueta con la correspondiente certificación.

Mientras tanto, asociaciones de consumidores y organizaciones ambientalistas aseguran que, en general, las pilas tóxicas que desde hace varios años «coparon» el mercado son importadas de países asiáticos —en su mayoría de China—, tienen poca carga y se abollan con facilidad. Además, son de marcas desconocidas que muchas veces confunden a los consumidores porque en los envoltorios aparecen los colores y el diseño de otras marcas líderes del mercado.

Algunos ejemplos: las «Durabatt» o «Powercell» tienen nombres parecidos a «Duracell» y también sus mismos colores: cobre, negro y letras blancas; lo mismo sucede con las «PenesamiG» frente a las «Panasonic». A simple vista el consumidor puede creer que son de marcas líderes. Y eso no es todo: presentan varias infracciones a la Ley de Lealtad Comercial (22.802): están vencidas, tienen dos fechas de vencimiento o no indican cuál es el país de origen, por ejemplo.

El precio es su gran atractivo: se venden 4 pilas por un peso, mientras que las de marcas conocidas oscilan entre $ 2 y $ 2,50 cada una. Lo cierto es que la superoferta resulta una «mala compra»: como se venden casi descargadas apenas duran una o dos semanas usándolas en un simple despertador o en un juguete.

Pero lo peor de todo, advierten en la Secretaría de Ambiente, es que en poco tiempo se convierten en un residuo tóxico.

Una pila es un generador portátil que, a través de reacciones químicas, convierte la energía química en energía eléctrica. Las que más se usan son las de carbón-zinc y las alcalinas (zinc y dióxido de manganeso): los fabricantes líderes aseguran que tienen mucho menos mercurio que décadas pasadas. Casi todas las pilas vienen blindadas para impedir que los metales se derramen; pero el blindaje no tiene duración ilimitada.

Si una vez utilizadas, van a parar al relleno sanitario (la mayoría de la gente las desecha con la basura común), los metales que las componen (mercurio, cadmio, plomo y manganeso) se dispersan en la tierra y forman compuestos que pueden contaminar las aguas subterráneas.

«A modo de ejemplo, una sola pila botón puede contaminar más de 600.000 litros de agua. Y si se incineran, el mercurio y el cadmio, junto con otros metales, no se destruye: se emiten a la atmósfera», señalan en la ONG Greenpeace Argentina.

Ahora, en la Secretaría de Ambiente, aseguran que están trabajando para frenar todo esto. La reciente ley establece que son la nueva autoridad de aplicación de la norma. Así, en enero el organismo —que dirige Romina Picolotti—, dictó la resolución 14/2007 en la que detalla cómo es el procedimiento para la certificación de las pilas: importadores y fabricantes deberán presentar una muestra de 60 unidades individuales por cada marca, modelo y origen del cargamento de pilas para su evaluación técnica y en un plazo de 15 días hábiles recibirán el certificado.

Entre otros puntos, aclara que por 90 días quedan excluidas de este trámite las pilas que se presenten junto con aparatos o artículos, como por ejemplo despertadores o juguetes.

Y algo que también está contemplado en esta embestida contra las pilas «truchas» es una campaña de educación al consumidor. «Su papel comienza con la elección del producto que luego se convertirá en el residuo a desechar», explican en el organismo. El rol del Estado, en tanto, es que por fin reglamente el uso de un producto tan masivo como peligroso para la salud y el medio ambiente.

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