El gasto más regresivo de los últimos tres años

Las transferencias al sector privado crecen a mayor ritmo que el gasto general y que la recaudación. Empresas de servicios y constructoras, las más beneficiadas Cada vez que hay crecimiento económico, el error se repite: un resultado puntual exitoso provoca el soslayo de otros que difícilmente puedan sustentarse en el largo plazo. La Convertibilidad fue un buen ejemplo durante sus primeros años, hasta que la estabilidad de precios dejó de ser suficiente para ocultar el crecimiento de la deuda externa, la pobreza y la desocupación, la situación del aparato productivo o un déficit fiscal sostenido.

En los últimos años, donde a diferencia de los ´90 hay superávit en las cuentas del Estado, ese éxito tiende a desviar la atención sobre la otra mitad del Presupuesto nacional: cómo se gasta. «El gasto público de este año es el más regresivo desde que asumió Kirchner», dice un funcionario del Ministerio de Economía. «Los subsidios y la obra pública para los amigos –agrega– crecen a mayor ritmo que el gasto general, y mucho más que la recaudación».

Sentimientos y preferencias personales aparte, los números sustentan su argumento. Entre 2003 y 2005, el gasto primario total creció 53%, mientras que las transferencias al sector privado sumaron casi 66% más (ver gráfico). Los principales benefeciarios de esta política son algunos miembros de la «burguesía nacional», unidos al Gobierno por una buena relación, pero también por generosos subsidios y contratos.

Durante 2006, la tendencia se agudizó. Según el informe de Ejecución Presupuestaria correspondiente al primer semestre, las transferencias corrientes al sector privado crecieron 27,2% en relación a igual período de 2005, mientras que las realizadas al sector público apenas subieron 12,3%. En el podio de los más favorecidos en esta comparación interanual, se ubica la categoría denominada Transferencias de Capital Resto: 250,5%.

En esta partida, donde también se incluyen gran cantidad de fondos para obras públicas, fue mayor durante los primeros seis meses del corriente año ($ 1.072,3 millones) que a lo largo de todo el 2005 ($ 900 millones). La magnitud de ese salto también sobresale contrapuesto con el experimentado por el rubro Transferencias de Capital a Provincias y Municipios, de apenas 20,6%.

Según el mismo informe, los gastos expansivos se contraponen con «la reducción en los planes de empleo nacionales, principalmente Plan Jefes de Hogar ( $ 150 millones menos que el año pasado), las transferencias a provincias para asistencia alimentaria, federal y focalizada de Ministerio de Desarrollo Social (- $ 70,8 millones) y la menor ejecución de la asistencia financiera a provincias (- $ 42,8 millones)».

CLUB DE AMIGOS.
Empresarios del transporte y constructores, así como contratistas en general, se encuentran entre los felices beneficiarios del superavit K. «Este es otro país, hace cuatro años que crecemos al 9%», expresaba hace días un contratista del Estado en el edificio que comparten los ministerios de Economía y Planificación. Sus interlocutores intentaban descifrar si la frase se originaba en alguna adhesión ideológica o en la duplicación de los ingresos de su empresa durante 2006.

Con tarifas de servicios públicos congeladas, los subsidios a los concesionarios son la parte más visible del reparto. Sólo entre empresas ferroviarias, entre enero y junio se asignaron $ 334,2 millones exclusivamente para gastos de explotación, sin destinar un solo peso a inversiones. Algunas de ellas son Metrovías (Grupo Roggio), Trenes de Buenos Aires (TBA, Grupo Cirigliano) o Ferrovías (EMEPA, de Gabriel Romero). Aunque este esquema les sirve para operar con rentabilidad sin subir tarifas, un directivo del sector enciende una luz de alerta: «Cada vez que aprobamos un aumento salarial, o algún otro incremento del gasto, sabemos que podemos cubrirlo con más subsidios. Pero este esquema, a la larga, puede provocar la reestatización del servicio».

Por otra parte, aunque trenes y colectivos poseen los subsidios más cuantiosos y conocidos, no son los únicos. Piedra del Aguila, la mayor represa hidroeléctrica del país que posee el grupo francés Total, recibió $ 163 millones en el primer semestre de este año, para un certificado de obra pendiente vinculado a su construcción. El año pasado se destinaron $ 22,9 millones al «Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas por compensaciones tarifarias», es decir, para no subir el precio de ese servicio.

Para inversión, en 2005 distintas líneas de ferrocarriles recibieron $ 340,7 millones. Entre ellas no sólo se cuentan las de tradicional buena relación con el Gobierno, como Metrovías, TBA o Ferrovías, sino también el Belgrano Cargas, donde son socios algunos de los anteriormente mencionados (Roggio y Romero) pero también Franco Macri, que con su entrada a este transporte de cargas sacó carnet de empresario K.

Si los subsidios son la forma más evidente de distribuir el superávit entre la «burguesía nacional», la obra pública no se queda atrás. Si bien es cierto que tiene un efecto tonificante de la economía, también lo es que las empresas constructoras se llevan una buena tajada. Desde IECSA, la empresa del rubro que dirige Angelo Calcaterra, sobrino de Franco Macri (el dueño de la compañía) hasta ESUCO, comandada por Enrique Wagner, también presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, sonríen con el crecimiento presupuestario de la obra pública.

SIGUE LA FIESTA.
Como los acuerdos de precios parecen levemente en retirada, por lo menos en algunos casos puntuales, algunos empresarios ya fantasean también con aumentos de tarifas. Pero un argumento de peso destruye sus ilusiones: 2007 será un año electoral. En consecuencia, seguirán destinándose recursos del superávit a subsidios y contratos de obra pública.

Una tendencia que ya se agudizó este año. De acuerdo al acumulado enero-agosto, la Inversión Real Directa, otra partida en la que se concentra mucha obra pública, creció 71%, y las Transferencias de Capital (apuntan en la misma dirección) 59%. El Estado, sin embargo, no fue tan generoso con las Remuneraciones de sus empleados, que subieron 23%, o las Prestaciones o la Seguridad Social (20%), según se consigna en el informe de agosto último elaborado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública Argentina (ASAP), que nuclea a los especialistas en estos temas.

En los ministerios de Economía y Planificación insisten en que la obra pública estimula el crecimiento del PBI y el empleo, además de solucionar paulatinamente las déficits de infraestructura que tiene un país con décadas de desinversión y gran extensión territorial.

También hay argumentos cruzados acerca de los subsidios destinados a no subir tarifas. El del Gobierno ya es conocido: permiten aquietar la inflación y brindar un precio accesible a los usuarios. El funcionario de Economía que añora a Lavagna responde: «Dicen que los subsidios son para favorecer a los pobres, pero en realidad sirven para quedar bien con la clase media, que tiene gran peso electoral y sobre la opinión pública».

Además, el Presupuesto nacional ganó herramientas de discrecionalidad durante los últimos meses. Primero fueron los cargos específicos para decidir recaudación y destino de obras puntuales sin pasar por el Congreso, después los superpoderes permanentes, y ya tiene media sanción –en Diputados-– la ampliación del Presupuesto 2006 por $ 11.500 millones.

Todo ello sumado a la subestimación de recursos que se hace en cada edición de la Ley de Leyes, ya desde el proyecto para 2004. Kirchner sigue cumpliendo una de sus máximas: gobernar controlando la caja.

Fernando Meaños

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