Subsidios: jaque mate al presupuesto

Hay previstos $ 21.500 millones; crecen los aumentos por decreto y hay más en los fondos fiduciarios; el destino: desde planes sociales hasta ayudas a empresas No es nuevo, es tan viejo como gobernar. Destinar dinero público para solventar alguna actividad de la comunidad está en la esencia misma del Gobierno.

Ya sea para fomentar una actividad, para hacer frente a obligaciones a las que a las que el Estado no les puede sacar el cuerpo, como la educación o la salud, por caso; para lubricar el aceitado engranaje electoral antes de alguna elección; para alentar a sectores cercanos al poder o para encolumnar a dirigentes díscolos.

Para todo sirven los subsidios del Estado que, según la definición de la Real Academia Española, es una “prestación pública asistencial de carácter económico y de duración determinada”.

El gobierno del presidente Néstor Kirchner no es ajeno al reparto de dinero mediante los subsidios. Al contrario, es proclive a incentivar este tipo de mecanismos de ayuda directa.

Según se desprende del presupuesto para este año, el Gobierno dispuso de 21.544 millones de pesos en subsidios, alrededor del 22% del total de gastos del Estado. Y si a esta cifra se suman los fondos fiduciarios y algunos fondos que se distribuyen sin ingresar al presupuesto, el monto comprometido llega a alrededor del 30% del presupuesto. Dicho de otra forma, tres de cada 10 pesos que gasta el Gobierno se destinan a subsidios.

Claro que no todos están relacionados con transferencias directas al sector privado. El gasto social, donde se cuenta el plan Jefes y Jefas o las pensiones graciables, por caso, se llevan gran parte de esta porción de aportes.

Junto con los planes sociales y las pensiones graciables, conviven, entre otros, el Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi), las automotrices con los resabios del Plan Canje, las empresas concesionarias de los ferrocarriles, los jubilados que pagan menos por sus facturas de servicios y las empresas públicas como la fallida Líneas Aéreas Federales (Lafsa) o los Yacimientos de Carbón de Río Turbio, las pensiones graciables y la formación profesional de los camioneros.

Pero el universo que deja ver el presupuesto no es la única caja desde donde se pueden direccionar subsidios. Corren paralelos a la ley de gastos del Estado los fondos fiduciarios, quizá el sistema más fácil con el que cuenta la administración para desviar dinero al sector privado.

De un total de alrededor de 4500 millones de pesos que manejan los fondos fiduciarios, 2500 están destinados a subsidios directos. A esa cifra hay que sumarle 395 millones más que el Estado derivó hace un mes para aceitar un poco más el transporte de colectivos.

Pero a no equivocarse con que aquí termina la cuenta. Al margen de la contabilidad pública también existen otros tres fondos. Uno que se destina a subsidiar a los productores de tabaco tiene previsto repartir este año $ 375 millones; otro destinado a la represa Salto Grande, por $ 48 millones y el Fondo Solidario de Redistribución, desde donde parten hacia las provincias alrededor de $ 847 millones.

Y si las cifras abruman, bueno es reconocer que es imposible adentrarse en el panorama de subsidios en las provincias, por lo tanto de este universo no existen cifras concretas.

Cada uno de los gobiernos provinciales recauda sus ingresos y recibe, además, dinero de la Nación. Gran parte de ellos se destina a subsidios que manejan directamente los gobernadores y los intendentes.

“Es imposible tener un número global de todos los subsidios del país porque hay planes cruzados en todos lados. Hay que conformarse con los números del presupuesto que son bastante elocuentes por lo abultados”, dijo un especialista en presupuesto que prefirió no ser identificado porque es consultor de varias provincias.

Las empresas privadas recibirán subsidios por 2046 millones de pesos vía presupuesto y 2522,9 millones de los fondos fiduciarios. La suma que algunos empresarios recibirán es un 266% mayor que el presupuesto del Poder Judicial, que llega a 1214 millones de pesos.

Ahora bien, ¿qué es lo que hay dentro de ese magma de dinero de subsidios? Los pagos a las familias, donde se cuentan los planes sociales del gobierno nacional, son un componente que se lleva una porción importante de los subsidios.

En 2005 se destinaron al plan Jefes y Jefas -que maneja el Ministerio de Trabajo- 3460 millones de pesos, mientras que para 2006 lo presupuestado cayó un 11 por ciento. Y, como si fuese una balanza, mientras un platillo cae el otro se eleva.

Así subieron otros rubros que se destinan a distintos planes en un 124%, pasaron de 518 millones de pesos a 1162. Dentro de este monto, también están las jubilaciones no contributivas ($ 1579 millones), becas ($ 405 millones), seguro de desempleo ($ 287 millones) y subsidios a jubilados que tienen ingreso mínimo para el pago de tarifas de servicio público ($ 450 millones).

Subsidios necesarios

«Considero que cierto tipo de subsidios son necesarios, especialmente los destinados a cubrir necesidades de personas en la línea de pobreza. También suele ser necesario subsidiar infraestructura para ciertas regiones (rutas, puentes) donde por su baja rentabilidad económica no se construirían», dijo el economista Gerardo Uña, investigador asociado del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).

El rubro con más peso son las transferencias a las provincias, que suman para este año 10.994 millones de pesos. Pese a que se excluyen de ese monto los fondos de la coparticipación, las transferencias a las cajas jubilatorias provinciales y el Fondo de Incentivo Docente, las provincias reciben por esta vía un 11% del presupuesto de la administración central. Entre estos millones, está el dinero con el que subsidian las políticas de viviendas como el Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi) o los planes de viviendas impulsados por el gobierno de Néstor Kirchner.

Además de la cantidad de subsidios, uno de los cuestionamientos que más se escuchan entre quienes estudian los números del Estado, es la calidad de la decisión de favorecer a una persona o a un grupo de ellas con un determinado pago que debe ser devuelto.

«Cualquier subsidio que otorgue el Estado debe ser en un marco de absoluta transparencia, tanto en su gestión como su asignación. Por ejemplo, los subsidios del fondo del transporte, una vez otorgados, se publican, pero el punto importante es que debería discutirse en el momento de sanción del presupuesto en el Congreso cuánto y a quién se distribuye. Y esto no sucede. La información que contiene el Presupuesto de los fondos fiduciarios es sólo una planilla agregada con datos financieros», dijo Uña.

Según la visión de la politicóloga Valeria Brusco, investigadora del Conicet y de la Universidad Católica de Córdoba, la cuestión se debe abordar desde la discusión sobre la naturaleza de los subsidios del Estado.

«Está bien que el Estado financie ciertos sectores. ¿Con qué criterio decide cuáles?», se pregunta Brusco.

«Hay subsidio a trenes, universidades, a la salud o a la investigación científica que deben ser hechos por el Estado porque nadie está dispuesto a realizarlo en su lugar», agregó.

A su modo de ver, la discusión más dura son los subsidios a la pobreza. «No me parecen buenos en una política de largo plazo; son necesarios en la emergencia», agregó.

La magna mano del Estado también llega hasta las instituciones sin fines de lucro. Según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), estas instituciones recibirán 2201 millones de pesos. Claro que allí está el voluminoso subsidio al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) que se llevará en el curso del año $ 1005 millones.

Fines variados

Aunque lejos, le siguen la fundación Argeninta -dependiente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)-, la Asociación de Bomberos Voluntarios ($ 26,6 millones), el Fondo Partidario ($ 19 millones), las federaciones de deportistas ($ 12,3 millones) y los obispados, arzobispados y parroquias, que reciben 11,1 millones de pesos.

Además, también figuran, entre otras, la Fundación Favaloro ($ 2,8 millones), grupos de teatros independientes ($ 2,2 millones), cooperativas de trabajo y agropecuarias ($ 3,3 millones).

Sin embargo, los subsidios que más irritan a la opinión pública son los que están destinados a las empresas privadas. Y allí hay para todos los gustos. Dentro del presupuesto, el Gobierno canalizará este año $ 2046 millones contra 2124 millones que se ejecutaron en 2005. Claro que esta cifra, tomada hasta el 31 de mayo pasado, no contiene algunos montos que se van modificando a lo largo del año.

Este es uno de los canales utilizados por el Gobierno para intervenir en el mercado energético para mantener el congelado el precio de las tarifas. El otro es la vía de los fondos fiduciarios.

Pero volviendo al dinero del presupuesto, las transferencias al sector privado básicamente tienen dos destinos: el subsidio a los trenes y los pagos hechos a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) para que compre fuel oil a precios de mercado y lo entregue a las centrales térmicas a precios subsidiados. A Cammesa fueron a parar el año pasado $ 871 millones.

Los productores de Tabaco también cuentan con un subsidio. El Fondo del Tabaco repartirá este año 375 millones de pesos para hacer mas competitiva la industria.

Y si de subsidios polémicos se trata, los que se manejan dentro de los fondos fiduciarios son la vedette. El Gobierno ha hecho de ellos una fenomenal maquinaria de reparto de subsidios que está dispuesto a ampliar, por lo menos si se recuerda que pidió al Congreso -que obediente lo hizo- aprobar una ley para crear cargos específicos en las facturas de servicios que formarán parte de nuevos fideicomisos.

El transporte, de lejos, lleva la delantera. El año pasado los transportistas recibieron 1754,8 millones de pesos a cambio de mantener las tarifas congeladas. En 2006 ya se aumentó la partida un 34 por ciento.

Al poner la lupa en el fondo del transporte, aparece toda la dimensión del principal aliado sindical del Gobierno: el camionero Hugo Moyano. Según datos del portal Abeceb.com, el transporte de cargas no recibía ningún subsidio en 2000. Al año siguiente embolsaron $ 15 millones y en 2004 lo cuadruplicaron. Pero Moyano no se conformó y el Gobierno accedió. El año pasado el subsidio llegó a $ 214 millones. ¿Seguirá creciendo?

Por Diego Cabot
De la Redacción de LA NACION

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