La iniciativa, que ya tiene dictamen en las distintas comisiones y por eso está lista para ser debatida en el recinto de la Cámara de Diputados, establece que no se requiere “indicación médica precisa, consentimiento del cónyuge ni autorización judicial” para esos procedimientos, aunque el paciente debe dar su consentimiento.
Esto obliga a los médicos a explicar sus características y consecuencias, y las alternativas de utilización de anticonceptivos no quirúrgicos. La autorización judicial, sin embargo, será un “requisito ineludible” en el caso de menores de edad o incapaces.
La ligadura de trompas de Falopio (encargadas de liberar los óvulos en la mujer) y la vasectomía (ligadura de conductos deferentes responsables de transportar los espermatozoides en el hombre) impiden la fecundación, y su utilización en un solo integrante de la pareja alcanza para evitar el embarazo.
El proyecto, al que se opone fuertemente la Iglesia, entre otros sectores religiosos y laicos, también incluye una objeción de conciencia, que libera a los médicos y al personal auxiliar de practicar la intervención si atenta contra sus convicciones, pero eso no exime al centro de salud de aplicar el procedimiento con otro profesional.
Estipula el proyecto en debate en el Congreso que la ligadura de trompas o de conductos deferentes deberá ser realizada sin cargo por el sistema público de salud, por las obras sociales y por las empresas de medicina prepaga, que, según la iniciativa, «tienen la obligación de incorporar estas intervenciones a su cobertura de modo tal de que resulten totalmente gratuitas para el beneficiario».
El dictamen que será llevado al recinto surgió como síntesis de seis proyectos presentados por las diputadas kirchneristas Juliana Marino (Capital), Graciela Gutiérrez (Santa Cruz) e Irene Bosch de Sartori (Misiones); por María del Carmen Rico (Peronista Federal-Buenos Aires), por Marcela Rodríguez (ARI-Buenos Aires) y por la ex diputada socialista María Elena Barbagelata.
Cambios
Aunque la iniciativa tenía un pedido de preferencia del bloque kirchnerista para ser tratado en la sesión del miércoles pasado, se suspendió por el reclamo de la UCR y de ex duhaldistas del Peronismo Federal, para introducirle modificaciones. Se sumaron a él el partido de Luis Patti (Paufe) y el del bloque de Pro, que reúne a macristas, lopezmurphistas y a sus aliados provinciales.
«No estamos en contra del tema de fondo, sino de forma, porque algunos artículos tienen que ser reformulados», dijo a LA NACION la diputada Beatriz Leyba de Martí (UCR-Córdoba), que planteó los reparos de varios de los legisladores críticos al proyecto.
En particular, rechazan que la práctica no requiera indicación médica específica, ya que entienden que «siempre se necesita para una intervención quirúrgica» y objetan que contemple la esterilización en menores de edad, porque -según dicen- «únicamente es necesario si está en riesgo su vida», en palabras de Leyba de Martí.
También piden garantías para que el paciente sea bien informado sobre los riesgos y las consecuencias de la operación, y asesorado por un psicólogo.
Cuestionamientos
«La ley permite que una mujer se esterilice sin avisarle a su marido, y viceversa. Es una locura y causal de divorcio que no se puede aceptar», se sumó, muy crítico, el macrista Federico Pinedo, coordinador del interbloque Propuesta Federal.
En cambio, a ojos de los defensores, la iniciativa igualará la normativa sobre anticoncepción quirúrgica en todo el país, que ahora está permitida por legislaciones locales en 14 provincias.
Beneficios
«Pretende otorgar mayor libertad y autonomía a las personas, porque no obliga, sino que brinda posibilidades», sostuvo la diputada María del Carmen Rico (Peronismo Federal-Buenos Aires), una de las autoras del proyecto en debate.
Según la diputada Juliana Marino, otra promotora de la controvertida intervención quirúrgica, se trata de un método anticonceptivo más y entiende que su gratuidad permitirá «que no haya más discriminación» hacia la población de menores recursos, que no tiene acceso a la operación.
En la reunión de la Comisión de Salud, el encargado de dar las explicaciones técnicas fue el médico y diputado Julio Arriaga (FV-Río Negro) que sostuvo que la intervención es «absolutamente reversible» y que se realiza «por medio de una laparoscopia, un procedimiento inocuo», aunque sus detractores dicen lo contrario.
Divididos, en ARI la mayoría del bloque avalará la iniciativa que redactó una de sus propias diputadas, pero, en cambio, su jefa, Elisa Carrió, se opondrá por sus creencias religiosas.
Incluso en el kirchnerismo el polémico proyecto provocó debate y pudo saberse que algunos legisladores pedirían libertad de conciencia para votar en contra. Sin embargo, el oficialismo conserva su mayoría y confía en poder aprobarlo (ya tiene dictamen favorable de las comisiones de Salud y de Familia) antes de fin de mes.
Por Laura Capriata
De la Redacción de LA NACION
