Cómo condicionan a jueces y fiscales los gobiernos regionales

El avance del poder político sobre la Justicia -tal como califican a la reforma del Consejo de la Magistratura las más importantes asociaciones de jueces y abogados- no es una práctica exclusiva de la Casa Rosada: las ofensivas de los gobiernos provinciales sobre los poderes judiciales locales se multiplicaron durante el último año.

Procesos poco transparentes de remoción de jueces y fiscales, falta de estabilidad de los magistrados en sus cargos, duras críticas de funcionarios contra decisiones judiciales y el armado de cortes a la medida del poder político son conflictos comunes de las realidades provinciales.

Así surge de un relevamiento nacional realizado por LA NACION y de estudios y declaraciones de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), de Poder Ciudadano y de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA).

«Las provincias que venimos monitoreando siguen en la misma situación o incluso empeoraron, como San Luis y Neuquén», dijo Andrea Pochak, directora del Area Jurídica del CELS. A esos dos casos, que los diversos organismos señalan como los más graves, se sumó en los últimos

meses la crisis de Misiones. También existen conflictos en la Capital Federal, Santa Cruz, Chubut, Santiago del Estero, Tucumán, Mendoza y Salta (de lo que se informa por separado).

Las sospechas de injerencia política en la Justicia, de todos modos, no saben de fronteras: el 87,4% de los abogados opina que el Poder Judicial no es independiente del poder político, según una encuesta de octubre del año pasado, encargada por la FACA.

«La situación del Poder Judicial en la Argentina tiene precariedad en cuanto a las condiciones objetivas de independencia. Y esto se nota más en las provincias porque los poderes políticos tienen un alto sesgo hegemónico», evaluó el presidente de la FAM, Abel Fleming. «Se puede decir que a mayor hegemonía política, menor es la independencia de los jueces», agregó.

En Misiones, la crisis tuvo su epicentro en la destitución en tiempo récord de Marta Catella, integrante del Superior Tribunal, y en los procesos contra el fiscal de Estado, Lloyd Wicström, y contra el juez de Oberá Horacio Alarcón. Esos avances motivaron la reacción de siete organizaciones no gubernamentales (ONG) vinculadas con la Justicia y de los principales bloques opositores en el Congreso de la Nación.

Las ONG (entre ellas, Cippec, ADC, Inecip y Poder Ciudadano) presentaron una queja ante Leandro Despouy, relator especial de las Naciones Unidas para la Independencia Judicial; en tanto que diputados de ARI, Pro y la UCR hicieron un pedido de informes en el que manifestaron su preocupación por lo que consideran una «persecución política de los magistrados».

El juicio contra Catella comenzó con una denuncia del intendente de San Vicente, Luis Benítez, alineado con el gobernador Carlos Rovira (PJ).

La Legislatura provincial suspendió a Catella el 10 del mes pasado y la destituyó el sábado 4 del actual, sólo 35 días después de iniciado el juicio político. «Aun aceptando el juicio, aspiramos a que se haga dentro de las reglas del debido proceso legal», dijo a LA NACION el presidente de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia, Alberto Balladini.

Según la oposición y las ONG, la suspensión de Catella se debe a dos casos, en los que -como integrante de la junta electoral provincial- falló en favor de la oposición.

En Neuquén, el juicio contra el fiscal de Cámara Ricardo Mendaña, que finalizó el 19 de diciembre pasado con la destitución del funcionario, generó el rechazo de asociaciones de jueces, organismos de derechos humanos, sindicatos y las ONG agrupadas en el foro Una Corte para la Democracia. Estas últimas reiteraron su preocupación por lo que consideran «la falta de independencia judicial en la provincia».

Mendaña fue acusado de mal desempeño, por haber realizado críticas al funcionamiento del Poder Judicial y por la presunta ocupación de un terreno municipal lindero a su casa. El fiscal había acusado al gobernador Jorge Sobisch (MPN) ante la Cámara por un caso de presunto pago de sobornos, en el que luego el mandatario fue sobreseído.

«Visión hegemónica»

Entre las aparentes irregularidades del proceso se cuentan la renuncia de dos jurados, un abogado y un diputado radical, que denunciaron falta de independencia del cuerpo y «aprietes», y el carácter secreto de las últimas sesiones. «Detrás de esto está la visión hegemónica de la Justicia. Se busca una justicia funcional y subordinada a designios políticos», dijo Mendaña a LA NACION.

Hasta la puesta en funcionamiento del Consejo de la Magistratura, creado por una convención constituyente que terminó de sesionar el viernes último, las designaciones de jueces corren por cuenta del Superior Tribunal, cuyos cinco miembros logró nombrar Sobisch en sólo un año.

Las denuncias por falta de independencia en el Poder Judicial de San Luis se profundizaron el año pasado, cuando se produjo una seguidilla de renuncias en el Superior Tribunal y en los juzgados de primera instancia, impulsada por el oficialismo. La fiscal Gretel Diamante sostuvo que el gobierno obligaba a los reemplazantes a firmar renuncias en blanco.

Para superar la crisis, el gobernador Alberto Rodríguez Saá (PJ) introdujo unas reformas en el proceso de designación de jueces que fueron consideradas insuficientes por el CELS.

Por Gabriel Sued
De la Redacción de LA NACION

Con la colaboración de los corresponsales del interior

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